No tardarán mucho en aparecer en ciudades de Estados Unidos, muy afables, sonrientes y hasta posando para las selfies junto a compatriotas radicados en aquella latitud, los politiqueros de turno, con los consabidos ofrecimientos para cortejar su voto y también su influencia para los familiares en Guatemala. Ya fueron varios presidentes anteriores, incluyendo el actual, a prometer que mejorarán los servicios consulares y la emisión de documentos, una esperanza que anima a los connacionales pero que, tal como ocurre en la administración de Giammattei Falla, vuelve a quedar en fiasco.

No llegan solos estos personajes, pues a veces van antecedidos por anfitriones radicados en EE. UU. que, lejos de trabajar duro como el resto de guatemaltecos, se aprovechan del caos migratorio y la ineficiencia estatal y lucran a costa del esfuerzo, la espera y la necesidad de los compatriotas. Crean fundaciones de supuesta ayuda cuyo fin se ve desmentido al cobrar tarifas exorbitantes por llenar formularios gratuitos, sacar fotocopias a precios decuplicados y exigir comisiones por solicitar o anticipar citas consulares. Ya con el paraguas partidario se postulan para diputados con el tupé de defender los derechos migrantes, pero una vez en la curul se pliegan al primer pacto que les queda en el camino para seguir urdiendo nuevas mañas y medrar con el erario. Acciones efectivas: ninguna. Y no se diga los presidenciables, que nunca regresan a dar la cara.

Vergüenza debería darles a quienes ejecutan este aprovechamiento maquiavélico de la identidad guatemalteca en el extranjero. Están lejos de su tierra, pero su aporte de remesas mantiene a flote la economía e incluso les sirve a los mandatarios para presumir de buen manejo macroeconómico, con sombrero ajeno.

Entidades descentralizadas como el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Migración, que deberían prestar servicios eficientes a los guatemaltecos radicados en EE. UU., se convierten en auténticos lastres para que ellos puedan ejercer su derecho a contar con una identificación de su país de origen o de optar a trámites de licencia, seguro social o legalización. Tales entidades no pueden argüir costos porque en tiempos digitales es posible agilizar trámites, impresiones y firmas electrónicas. O es crasa incapacidad o una inacción dolosa para alargar un negocio abyecto.

Vergüenza deberían darles las tarifas infladas que imponen a una simple certificación de nacimiento o una tarjeta de documento personal de identificación. Pero aún mayor afrenta es que para entregar una simple reposición de pasaporte se demoren seis meses y hasta un año. Con los precios que cobran deberían, como mínimo, agilizar su emisión y envío. Los actuales directivos del IGM cargan con esta grave responsabilidad y no hay visos de que busquen una solución sostenida.

Los 111 mil 583 pasaportes guatemaltecos pendientes de entrega en EE. UU. son un reflejo directamente proporcional de las rémoras de mediocridad, corrupción y negligencia que dominan la gestión de servicios migratorios a los connacionales que tuvieron que marcharse en busca de un mejor porvenir, de la oportunidad que no encontraron aquí, huyendo de la pobreza y de la violencia. No hacen falta explicaciones ni conferencias de prensa para presentar nuevos ofrecimientos acompañados de diapositivas. Lo más irónico es que si un guatemalteco migrante decide y puede venir al país a renovar su pasaporte, se encontrará con absurdas filas, desidia burocrática, listas de espera de meses y tramitadores que se parecen a quienes hoy son flamantes congresistas.