Editorial

Abyecto lastre sobre la población honrada

Archivado en:

editorial

La expansión de las comunicaciones digitales ha sido un aliado clave del crecimiento económico a lo largo de las últimas tres décadas, al agilizar interacciones, posibilitar negocios, integrar a la vida productiva a las comunidades más alejadas y constituir un mercado de crecientes proporciones a nivel global y nacional. La disponibilidad de líneas telefónicas ha representado una transformación positiva de la vida cotidiana de millones de guatemaltecos.

Desafortunadamente, el avance tecnológico también ha sido aprovechado por delincuentes, supuestamente encerrados y aislados de la sociedad en centros carcelarios de todo el país, que se convierten en centros de operaciones ilícitas dirigidas contra comerciantes, transportistas, artesanos, conductores y también pequeños comerciantes que apenas logran ingresos para subsistir pero padecen el acoso de las exacciones por parte de reos, que no solo son un agobio para su economía, sino una constante amenaza de muerte.

Cada año hay decenas de requisas a reos en todos los penales del país. Siempre hay decomisos de teléfonos celulares y otros equipos de comunicación. A los pocos días, los reclusos vuelven a tener en su poder nuevos aparatos e incluso han llegado a montar terminales inalámbricas de internet, algo que parece totalmente imposible de lograr si no contaran con la complicidad de familiares o allegados, pero sobre todo del personal penitenciario que supuestamente registra a toda persona que entra o sale. Si no fuera tan lamentable y peligroso para la ciudadanía honrada, sería casi risible el hecho de localizar, una y otra vez, dispositivos de comunicación junto con listas de nombres y números de víctimas de extorsión.

Tal círculo vicioso se torna un indignante ciclo de luto, muerte, destrucción de familias y freno al desarrollo comunitario a causa de los inmisericordes ataques ordenados por los cabecillas de estas bandas en contra de quienes se rehúsan a pagar las exorbitantes sumas exigidas o bien que no cuentan con los recursos para cumplir con esta injusta imposición. La cauda de maldad se ha llevado a tenderos, pasajeros de autobús, madres e incluso niños que resultan víctimas colaterales de balaceras y bombazos coordinados desde las prisiones por reos que ya purgan pena por delitos previos.

El repunte extorsivo coincide, lamentablemente, con el desmantelamiento de la exitosa cúpula policial a partir de febrero del 2018, lo cual debería ser objeto de una seria pesquisa de oficio por parte del Ministerio Público, titular de la persecución penal en el país. La transformación del Sistema Penitenciario ha sido relegada y las medidas para restringir la entrada o salida de llamadas a las cárceles quedaron varadas entre pretextos legalistas, instalación de equipos disfuncionales y falta de voluntad de los funcionarios que podrían contribuir, con el uso de avances tecnológicos en geolocalización de llamadas y conexiones, a cortar de inmediato cualquier comunicación ilícita que surja desde o hacia centros penitenciarios.

Por si fuera poco, el viernes último, una operación policial de captura de otros agentes involucrados en extorsiones condujo a un enfrentamiento que dejó al descubierto la infiltración delictiva en la PNC. Las explicaciones sobran y los anuncios presidenciales acerca de instrucciones giradas para buscar más “grupos internos” a 49 días del final del período solo exhiben lo caro y dañoso que salió el imprudente descuido de la institucionalidad en favor de una agenda polarizante.