Editorial

Acciones ciudadanas anticontrabando

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El tránsito masivo de mercancías sin el pago de impuestos constituye un viejo problema de múltiples y graves efectos presentes para Guatemala, porque el fisco pierde más de Q1 mil millones al año en impuestos, pero todo el país resiente un decaimiento en competitividad, debido a que estos productos, expendidos ilícitamente, sin controles de salubridad ni calidad, suponen un golpe bajo a las industrias nacionales y también a los comercios que distribuyen las mismas marcas, importadas con apego a las normas tributarias.

El discurso repetitivo de varios gobiernos ha sido el combate de este tipo de defraudación que, no obstante, persiste y ha multiplicado los mecanismos para eludir los controles aduanales, incluyendo agresiones tumultuarias contra las autoridades policiales cuando estas incautan cargamentos, tal como ocurrió en los más recientes incidentes en la fronteriza Ciudad Tecún Umán, en donde un alijo de aguacate mexicano fue ingresado al país sin pagar impuestos y exponiendo a la producción nacional a plagas de cualquier tipo, debido a que esos productos también escapan a la supervisión fitosanitaria.

Las tristes lecciones que dejaron casos como la Red Moreno, a finales de la década de 1990, o La Línea, develada en 2015, parecen lejos de aprenderse, puesto que en una época de total interconexión, avances digitales e integración aduanal los protocolos de seguridad fronteriza no solo son débiles, sino que ponen como pretexto la limitación de agentes disponibles, como si no existieran ya modernos sistemas de vigilancia satelital, al menos para cubrir varios de los llamados pasos ciegos por los cuales a diario cruzan comestibles, licores y abarrotes trasegados desde México, pero también drogas y armas.

A simple vista se puede ver: los mercados de todo el país, sobre todo en suroccidente, están cundidos de productos comprados por comerciantes que ignoran, niegan o simplemente no quieren saber el origen de la mercancía, lo cual no les resta responsabilidad. Si bien es cierto que pueden argüir razones de sobrevivencia económica para mantener este tipo de ventas, también es muy cierto que su medio de vida es el alimento perfecto para las mafias del contrabando, que poseen millonarias rutas de distribución. Lamentablemente la cultura de relativismo, de ver hacia otra parte y de tolerancia masiva a transgresiones aparentemente ínfimas termina convertida en un problema nacional que sale carísimo para todos.

Si se suman los robos anuales del contrabando, es decir los montos tributarios que jamás llegan a las arcas públicas, se tiene como resultado una astronómica cifra que es directamente proporcional a carencias en salud, infraestructura, educación, nutrición y programas de desarrollo. Ciertamente hay otros fallos y mediocridades burocráticas que también definen fracasos estatales, pero desde una perspectiva ética es posible hacer un autocuestionamiento. ¿Puedo yo como ciudadano reclamar mejores carreteras o servicios públicos si consumo productos de contrabando? ¿No soy acaso parte de las enormes deficiencias en atención hospitalaria o calidad educativa si contribuyo a que las enormes mafias del trasiego amasen fortunas a base de evasión aduanera? Por su lado, las autoridades entrantes pueden generar desde ya un plan efectivo de renovación metodológica y tecnológica en el sistema fronterizo, además de colocar a funcionarios probos y sin vínculos con este lastre que asfixia el futuro económico del país.