A pesar de los avances tecnológicos, que prácticamente anularon la necesidad de correspondencia escrita, existe todavía una amplia necesidad de envío y traslado de paquetes, que por décadas estuvo a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos; posteriormente, dicho servicio fue concesionado a una firma privada y cuando el período del contrato llegó a su término, vino una renovación que finalizó con disputas legales, que, desde hace tres años, han dejado varadas miles de piezas.

En 1836 se estableció en Guatemala la primera administración del correo, una dependencia que con el tiempo tuvo diversos cambios de categoría, administración y organización. Sin embargo, pese a que se le sumó posteriormente la atribución de administrar también los mensajes del hoy extinto telégrafo, la ley orgánica del actual correo todavía es la misma de los tiempos de Manuel Estrada Cabrera, pues data de 1904 y de ahí viene parte de los problemas que hoy afronta esta entidad para poder reorganizarse y retomar sistemáticamente la recepción y distribución de envíos.

Las actuales autoridades de la Dirección de Correos y Telégrafos -que aún mantiene ese nombre- están tratando de presentar un anteproyecto de ley que no solo modernice los conceptos, sino que también se adapte a los actuales requerimientos logísticos y tecnológicos. A la vez, deben intentar desfogar las montañas de paquetes, cajas, sobres y bultos varados en los salones del edificio construido por el presidente Jorge Ubico. El servicio de correos tiene todavía una importancia estratégica alrededor del mundo y prueba de ello son, por ejemplo, las actuales elecciones de Estados Unidos, en las cuales habrá millones de votos a distancia, cuya integridad queda a cargo de esta entidad, en el entendido de que se siguen respetando todos los códigos de ética y respeto a la correspondencia ajena.

Existen en todos los países, incluida Guatemala, eficientes sistemas de correo privado a cargo de empresas que prestan el servicio bajo determinadas garantías de celeridad y confidencialidad, pero el costo suele volverse prohibitivo para amplios sectores de población, ya sea para referir paquetes dentro o fuera del país. De ahí la necesidad de que, a falta de un concesionario, exista una dependencia nacional que se haga cargo de esta misión. Por desgracia, una refundación legal del correo guatemalteco parece bastante improbable, debido a la evidente desidia del actual Congreso, más enfocado en cumplir agendas imprudentes que en cimentar la productividad del país. Y si cabe alguna duda de ello, solo hay que ver cuántas iniciativas urgentes están a la espera de ser discutidas.

Además, los problemas del correo también son de estructura, pues carece de vehículos y personal suficiente, muchas de sus antiguas sedes han sido prácticamente confiscadas por las alcaldías de diversas localidades en donde otrora existían oficinas postales de primera, segunda y tercera categoría.

Por otra parte, hay que pensar en la utilidad que tendría una eficiente Dirección Nacional de Correos y Envíos para tantos propósitos que hoy insumen esfuerzos de otras dependencias, como el envío de paquetes didácticos a alumnos de escuelas, la entrega de bonos de asistencia económica, el traslado de medicinas a pacientes crónicos o de la tercera edad. Pero para que ello ocurra tendría que recuperarse una mística de trabajo y dedicación, la misma que movía a los antiguos carteros por calles, carreteras y aldeas hasta poner en la mano del destinatario el encargo que les fue confiado.