A estas alturas de la historia el gobierno electrónico, es decir, la provisión en tiempo real de datos administrativos y gastos públicos, debería ser una realidad tangible, cotidiana y plenamente asumida por funcionarios gubernamentales de todo nivel, más allá del cambio de mandato presidencial. El objetivo: que la ciudadanía tenga acceso permanente a los procesos de compra de insumos, contratación de obra y reclutamiento de personal. En esta ruta de cuentadancia no debería existir ningún tipo de cortapisas, pretextos o argumentos legalistas que intenten imponer la conveniencia clientelar por encima del interés nacional.

Resulta gracioso, aunque en realidad es patético, escuchar a los candidatos en campaña comprometerse con la transparencia, pero una vez en el cargo se vuelven alérgicos a la cuentadancia, recurren a pretextos, invocan el miedo a la inseguridad y se olvidan de que ellos mismos rogaron ser electos.

Persisten intereses enquistados en diversos estamentos del Estado, que buscan ordeñar el erario de manera discrecional y furtiva, disfrazando gastos con nombres rimbombantes o tecnocráticos. Se utilizan términos ambiguos para ocultar plazas otorgadas a personas no idóneas, a quienes solo se les salda la cuenta de haber llevado pancartas de campaña o reunido gente para los mítines. Un ejemplo de esto es el término “asesor”, que pulula en las nóminas de contrataciones temporales y también permanentes. Hay asesores valiosos, sí, pero también múltiples casos de inexpertos, sin siquiera un grado universitario, que tienen sueldos mayores que los médicos hospitalarios, y todo gracias a la intervención de padrinos inescrupulosos.

Gobierno tras gobierno se recarga el renglón de “asesores”, junto con el de “asistentes” y “técnicos”. Lo peor de todo es que se enquistan en los cargos o saltan del Congreso al Ejecutivo o viceversa, bajo el disfraz de “especialistas” en cualquier cosa. Cuando en 2008 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, se esperaba una creciente responsabilidad en la administración de los recursos. Doce años después hay avances en algunas dependencias del Estado que reportan de oficio sus estados de cuenta, pero son la excepción. Muchas municipalidades, ministerios y entidades descentralizadas tienen reportes desactualizados, con cifras generales o formatos hostiles. Por ejemplo, fotografías de documentos o imágenes PDF que hacen imposible extraer datos de manera sistemática.

A la fecha, la consolidación nacional de memoria administrativa no existe, sobre todo en localidades cuyos alcaldes salientes arrasan con los recursos y los archivos. Dejan deudas, obras inconclusas y hasta venden terrenos municipales sin que entidad alguna intervenga. La Contraloría General de Cuentas llega cuando todo está consumado, lo cual no deja de ser un arma de presión política contra los rivales políticos de la alianza de turno.

Hoy se conmemora el Día Mundial del Acceso a la Información Pública. No se puede celebrar, pues si existiera un verdadero sistema de cuentadancia no habrían pasado años para descubrir plazas fantasma en el Congreso, el fraude de Odebrecht se habría podido detectar y frenar a tiempo, no se habría contratado a personas sin conocimientos informáticos como asesores de esa materia en Salud, no se habrían perdido tantos miles de millones en obras asignadas a empresas de cartón y ya se sabría exactamente en este momento cuántas pruebas de covid-19 adquirirá el Gobierno, cuándo, a quiénes y por qué a ellos.