La insuficiente capacidad gubernamental para alertar a tiempo y con claridad a los pobladores de áreas de Alta Verapaz, Izabal y Zacapa sobre los efectos de las lluvias de Eta, la semana anterior, es una metáfora perfecta para ejemplificar sobre lo que puede ocurrir en la economía nacional si se insiste en la desenfrenada carrera por financiar gasto público mediante la adquisición de más deuda, sin la suficiente claridad sobre el destino de inversión, sin la mediana certeza de cómo se van a pagar esos créditos y sin detallar el costo que tendrán dichos préstamos, con intereses incluidos.

Por supuesto, esta vez la alerta temprana no viene del Gobierno sino de la agencia de calificación de riesgo Moody´s, que emitió el martes último un boletín en el cual modifica la perspectiva de calificaciones del Gobierno de Guatemala de estable a negativo, un cambio leve pero que no debe ser ignorado, sobre todo por la combinación de factores que lo motivan: el deterioro en los parámetros de deuda a causa de la pandemia, la cual se incrementó en Q3 mil millones de golpe en marzo, para obtener fondos cuya ejecución ha sido cuestionable.

Por otra parte, dentro de los nubarrones de tormenta, es decir, los factores adversos evaluados, se encuentra “la limitada capacidad de las autoridades para revertir el deterioro del perfil crediticio de Guatemala”, algo en lo cual se combinan la baja recaudación fiscal, la incapacidad para ampliar la base tributaria y la debilidad institucional, en un entorno de gastos de funcionamiento sufragados con crédito.

Por supuesto, la reacción de las autoridades es calificar de excesivamente severo el criterio de la calificadora. Comparan la situación productiva del país con la de todas las naciones del mundo azotadas por el covid-19: una perogrullada. En realidad, el razonamiento de Moody´s apunta a condiciones preexistentes que pueden convertirse en problemáticas si se continúa con el ritmo frenético de endeudamiento que se prolonga en el Presupuesto 2021.

Lo que Moody´s no indica en su boletín, pero que abona a su advertencia y que está a la vista de los guatemaltecos, es el manejo indolente de los recursos públicos. De quetzal en quetzal gastado en nimiedades se agranda el agujero sin que exista hasta hoy una mínima muestra del Gobierno y del Congreso por contener el dispendio. La depuración de plazas inútiles, el control en el uso de vehículos y combustibles oficiales, la supresión de las caravanas de seguridad para funcionarios anodinos o la eliminación de camarones jumbo, carpaccio y carnes selectas de los menús oficiales bien podría ser el comienzo de un uso racional y solidario en tiempos de penuria para miles de conciudadanos.

Moody´s tampoco menciona los casos sospechosos de corrupción, como el traslado fantasma de Q135 millones de Caminos -no aclarado hasta la fecha-, la intentona de comprar supergalletas sobrevalorados, los favoritismos -causantes de la tardanza- en la compra de pruebas de covid-19 o los cobros de dietas por sesiones de comisiones legislativas que no han producido ni una iniciativa. Moody´s detalla que en el 2019 la deuda pública abarcaba un 27% del Producto Interno, que el 2020 concluirá con 32% y aumentará a 34% en 2021: pronóstico nada halagüeño de una tormenta minimizada con discursos demagógicos, cuyo desborde macroeconómico lo padecerán todos los guatemaltecos que con su silencio avalaron los despropósitos.