La especulación de precios y el acaparamiento de productos en períodos de angustia y limitaciones económicas tan pronunciadas como la que vive Guatemala en la actualidad son verdaderos crímenes que deben ser sancionados con drasticidad, no solo porque se trata de acciones premeditadas y dolosas, sino porque buscan un inmoral rédito económico a costa de la penuria de connacionales.

Si bien la intersección de oferta y demanda genera sus propias dinámicas respecto de la disponibilidad limitada de bienes, en el caso de ciertos granos básicos se han registrado decisiones artificiales que distorsionan los precios. El maíz y el frijol, tan fundamentales en la alimentación de los guatemaltecos, experimentaron un alza casi inmediata a partir de las restricciones sanitarias dictadas por el Gobierno en prevención del contagio del covid-19, pese a que en ningún momento estuvieron comprometidos el abasto, la cosecha ni el transporte.

El precio de los combustibles ha sido en algunas etapas el detonante principal de la carestía, pero no es el caso actual, puesto que las gasolinas y el diésel se encuentran a precios de verdadera ganga a causa del desplome en el consumo y el derrumbe del barril de petróleo. Ni siquiera el factor climático, que eventualmente golpea cosechas, es en este momento una causal de alteraciones en el costo del maíz, que prácticamente ha duplicado su precio en algunas localidades. Humildes emprendedoras que elaboran tortillas se vieron sorprendidas, de un día para otro, con un antojadizo salto de Q175 hasta casi Q280 por quintal, sin que hasta el momento el Ministerio de Economía o la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor hayan identificado y sancionado a algún responsable.

Dichas dependencias emprendieron en los primeros días de la crisis oportunos operativos para detectar a negocios que estaban vendiendo mascarillas, alcohol en gel y otros productos de limpieza a precios por encima del promedio de mercado. Lo que no es comprensible ni justificable es que se hayan quedado de brazos cruzados ante los precios abusivos y exorbitantes a los cuales ciertos proveedores vendieron al Estado y a municipalidades las mismas categorías de productos, de lo cual queda evidencia clara en el portal Guatecompras. Y si argumentan no ser las encargadas de verificar estas estafas al erario, debería actuar con agilidad la Contraloría General de Cuentas, que en estos momentos no brilla, sino que refulge por su ausencia.

Cabe reconocer el papel responsable que mantienen hasta ahora miles de medianos, pequeños y grandes productores de verduras y legumbres que, pese a las contingencias sanitarias y las limitaciones de horario, han proseguido aprovisionando los mercados locales. A su vez, se han combinado la competencia, la necesidad de mover inventarios perecederos y la integridad de los vendedores minoristas. Guatemala es un país bendecido por Dios con una variada y eficiente producción agrícola, la cual podría ser aún mejor y más extendida si desde hace décadas existiesen verdaderos programas de capacitación y asesoría por parte del Ministerio de Agricultura. Cabe señalar opacos amagos como programas de huertos o granjas familiares lanzados por gobiernos anteriores que no tuvieron continuidad y que fracasaron por no estar sistematizados y por haberse contaminado con tintes clientelares o electoreros. Este tipo de alternativas deben ser retomadas como parte de una estrategia nutricional que vaya más allá de la calamidad coronavirulenta.