Joe Biden se convertirá hoy en el presidente número 46 de Estados Unidos, y más allá de la relevancia que tiene para el mundo el cambio de autoridades en esa nación, en el caso de Guatemala reviste especial importancia por la cercanía geográfica, la relación económica y política y un ambiente propicio para abordar de forma integral las causas de la crisis migratoria que afectan al Istmo, a México y al propio EE. UU.

En primer lugar, porque Biden programa firmar una decena de órdenes para hacer frente a la pandemia y revocar algunas de las disposiciones más controvertidas de su predecesor, Donald Trump. Entre ellas, enviará al Congreso una ambiciosa reforma migratoria para conceder estatus legal a 11 millones de indocumentados, de los cuales varios miles son guatemaltecos, una medida que daría estabilidad económica, social y hasta emocional a los connacionales que con el envío de remesas sostienen económicamente a miles de familias en Guatemala.

El plan no solo beneficiaría a quienes viven en suelo estadounidense; se contempla la expansión de la política de asilo y un plan para abordar la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades que empujan cada año a un alto número de centroamericanos a emprender un peligroso camino hacia EE. UU. Además, se plantea restaurar un programa anulado por Trump en 2017, que permitía a menores centroamericanos reunirse en ese país con sus familiares.

Segundo, porque dentro de las nuevas fuerzas políticas de Estados Unidos y en empresas como las tecnológicas Amazon, Apple, Facebook y Google; los minoristas Target o Best Buy y varias asociaciones que representan a sectores como el manufacturero o el agrícola han reconocido, mediante un comunicado publicado ayer en ese país, las contribuciones de los migrantes, por lo que en conjunto demandan una reforma bipartidista del sistema de inmigración que dé prioridad a una vía para que los llamados “soñadores”, jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, puedan obtener la ciudadanía y continuar haciendo sus aportes en mejores condiciones.

Tercero, porque desde diversos sectores de Centroamérica, incluida la iniciativa privada, también se ha puesto en evidencia la necesidad de atender, de fondo, los inconvenientes que están generando los problemas propios de cada país y, por ende, la migración de sus ciudadanos. Para ello se requiere que tanto las autoridades nacionales como las estadounidenses trabajen en facilitar las condiciones para que los fondos de cooperación y los programas de financiamiento privado que plantea EE. UU. para proyectos de inversión estratégica sean viables, prácticos, flexibles y adecuados para la realidad del Istmo, y así logren un verdadero impacto al crear fuentes de trabajo, una de las carencias que impulsa la migración masiva.

Existe un cuarto factor: la voluntad y estrategia política para tratar con seriedad el tema migratorio. Esto demanda que las autoridades guatemaltecas enfoquen sus esfuerzos en cabildear en Washington los mejores beneficios para los guatemaltecos que viven en ese país. Y no a fuerza de carpetazos, llamadas de embajadores y listas de no gratos para EE. UU., sino que muestren verdaderos compromisos que, convertidos en acciones, forjen profundos cambios políticos, sociales y económicos en el país, para que quienes aún no han optado por migrar, decidan quedarse.