Mientras la ciudadanía continúe pasiva, indiferente y ajena al despojo de sus garantías constitucionales, la clase politiquera continuará cometiendo abusos y ampliando sus despropósitos. La cuenta ya es abultada, comenzando por la denegación de institucionalidad en la justicia al mantener en los cargos a una Corte Suprema de Justicia que debió salir hace dos años y medio. No han querido elegir a los sucesores, cuyo período legal será menor a dos años y medio, porque el período legal sigue corriendo. Este abuso de desidia dolosa va directo a la cuenta del pacto oficialista, encabezado por el partido Vamos, que no mueve un dedo para efectuar la designación de viva voz.

En marzo, ocurrió la lamentable aprobación de un botín vial por Q3 mil 191 millones, armado por diputados que obviamente preparaban la caleta clientelar para el ciclo preelectoral. La mejor evidencia de esta treta es la incapacidad de ejecución de las unidades del Ministerio de Comunicaciones a las que se les otorgó la ampliación. Peor aún, existen tramos ya construidos y otros cuya ubicación es dudosa. El propio ministro de Comunicación señala a congresistas de armar este paquete de dispendio. Por si fuera poco, se encuentra a una lectura de ser aprobado un crédito de US$500 millones, de supuesto apoyo presupuestario, pero sin un fin claro.

Pero vienen muestras aún peores de la decadencia del sistema partidario y el uso de potestades institucionales sagradas como ariete para derribar los principios democráticos. Sus nombres figuran en iniciativas de ley inconstitucionales y, por ende, nulas de origen. Simulan discusiones en pleno, apalabradas con alevosía y cargadas de abyectos afanes de autoritarismos con botarga legalista.

Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, para exaltar el valor del periodismo independiente, que denuncia abusos, destapa tropelías y repudia la corrupción, una lacra que degrada el sentido de la política y el servicio público para ponerlo al servicio de mafias que solo se procuran impunidad. Crecen las amenazas, la intolerancia y las agresiones. Algunas se disfrazan de pesquisas de oficio, tal como las indagaciones de una fiscalía sobre intimidaciones a jueces expuestas por una reportera de Prensa Libre y a quien quieren conminar a exponer a sus fuentes, toda una contradicción respecto de su misión legalmente establecida.

Cabe decir que con frecuencia se interpreta que la libertad de prensa únicamente favorece a los periodistas y a las empresas periodísticas. En realidad, es solo una aplicación del derecho a la libre emisión del pensamiento, consagrado para todo ciudadano guatemalteco en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, según el cual nadie puede ser molestado por sus ideas y que establece que no constituyen delito alguno, nunca, las críticas contra autoridades del Estado en el ejercicio de su cargo o por acciones efectuadas en el mismo. Tal garantía causa escozor a los émulos de autócratas y esbirros serviles que buscan cercenarla.

Para más señas, el Congreso de la República ha avalado, a espaldas de la ciudadanía, una tal ley de cabildeo, leguleyo planteamiento que deja al descubierto la incapacidad técnica y la inquina de sus ponentes. Amenaza tres derechos constitucionales: el de petición, el acceso a tribunales y el derecho a información pública. Es otra exhibición del verdadero talante moral del oficialismo y sus adláteres. Ya pronto están por volver a pedir el voto a aquellos mismos a quienes traicionan y quieren someter a yugos opresores como los de Nicaragua, Venezuela o peores.