La Constitución Política de la República garantiza los derechos de libertad de expresión, de acción, de petición y de manifestación, siempre y cuando no se conculquen otras garantías. La libre emisión del pensamiento es la piedra angular de la democracia y el estado de Derecho. Por eso la Carta Magna declara taxativamente que “no constituyen delito ni falta las denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de los cargos”. Después de décadas de gobiernos autoritarios y despóticos, los constituyentes instalaron un candado para poner coto a las intolerancias y los impulsos represivos desde el poder.

Desde que un funcionario se postula para un cargo, ya sea de elección popular o por designación mediante una convocatoria pública, se sobrentiende que reconoce los alcances y limitaciones de sus potestades. Así también asume el peso de las críticas y también de los elogios, de los opositores y de las roscas de allegados, que a veces pueden aconsejar mal o pintar panoramas distorsionados de la realidad, aunque la responsabilidad de las acciones u omisiones sigue siendo del funcionario.

Por eso resulta peculiar la solicitud de un amparo por parte de la fiscal general a la Corte de Constitucionalidad en contra de los manifestantes convocados para una protesta, ayer, en las afueras del edificio del Ministerio Público. Dicho pedido incluye la petición del uso de la fuerza en contra de ciudadanos, para lo cual solicita que la CC conmine al presidente, al ministro de Gobernación y al director de la Policía a efectuar los movimientos operativos de personal necesarios para tal fin, presentando como evidencia arengas lanzadas por redes sociales.

La CC le dio trámite al amparo y requirió información a las autoridades encartadas para resolver, posiblemente el lunes. Más allá de eso, queda claro que debe rechazarlo porque, de ser otorgado, incluso provisionalmente, lesionaría garantías constitucionales de todos los ciudadanos. En efecto, la fiscal general es una ciudadana, pero además es la jefa de la entidad a cargo de ejercer la acción penal del Estado. Cabe cuestionar por qué con el cargo que ostenta no solicita la asistencia policial directamente. En p manifestaciones anteriores frente al edificio de Gerona se han instalado cordones policiales que los manifestantes siempre han respetado.

Al interponer este amparo, la fiscal general deja entrever una posible fractura con el Ejecutivo o incluso un temor por su integridad física, por lo cual debería denunciarlo, incluso ante organismos internacionales, pero no a costa de las garantías constitucionales. Lamentablemente, hay que decirlo, exhibe intolerancia al derecho de libre emisión del pensamiento. Si considera que algún ciudadano, a través de algún medio, comete injuria o calumnia, debería conducir su denuncia por los canales marcados por la ley, pero no intentar una censura disfrazada de amparo.

Dos días antes de las elecciones, el partido UNE interpuso un amparo para que el Tribunal Supremo Electoral garantizara la legalidad de los resultados, lo cual es su simple y llana obligación. Ahora la fiscal general quiere que el Ejecutivo haga lo que siempre ha hecho en caso de plantones, aunque con la invocación de violencia. La CC no puede ni debe avalar a priori, mediante un amparo inviable, la represión contra ciudadanos, pues entonces estaría dejando desamparados a todos.