Un ofrecimiento recurrente en cada campaña electoral es el de la probidad, la oportuna cuentadancia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos; candidato tras candidato a todo puesto desfilan para ofrecer cuentas claras. Una vez en el cargo, aquella promesa se queda condicionada, por no decir relegada, debajo de supuestas urgencias, alegatos legalistas y excusas distantes de las peroratas proselitistas en las cuales se apedreó a los rivales para venderse como adalides de una administración prístina.

La corrupción mediante sobreprecios, contratos amañados, licitaciones con dedicatoria, fraccionamientos debajo de Q89 mil 999, simulaciones de competencia u otros burdos trucos creados con una retorcida creatividad han pululado en la administración pública y hasta se han mimetizado con aires de legalidad para burlar la fiscalización. Numerosos alcaldes han urdido estructuras de saqueo y asignación recíproca de obras para engañar a la población y a los mecanismos de fiscalización. Las cifras deficitarias de desarrollo humano, la pésima calidad de tantos proyectos y la endeble infraestructura de numerosos municipios son la prueba fehaciente del agujero negro que ha devorado esperanzas ciudadanas e ingentes recursos del erario.

Son tantos y tan lamentables los casos de resistencia a la rendición de cuentas municipales que por ello resulta tan llamativa la oposición encabezada por el presidente de la Anam, a la implementación de procedimientos de notificación digital acerca de hallazgos contables y reparos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Estos procesos han estado, por décadas, atados a la parsimonia burocrática, un conveniente pretexto para tardías denuncias.

Es endeble la justificación para la oposición a las notificaciones digitales, concretada mediante amparos legales: la agilidad del aviso electrónico deja poco tiempo para reunir la documentación necesaria para desvanecer los hallazgos y, por si fuera poco, se parapeta dicho argumento detrás de la emergencia del coronavirus.

Cabe señalar que cualquier adquisición de bienes o servicios en cualquier estamento del Estado se encuentra sujeta a ser declarada en los libros contables electrónicos, a la posesión de facturas de personas o empresas registradas ante la SAT y a la glosa emprendida en cualquier momento por la CGC, como un elemental principio de integridad institucional fundamentado en el respeto a la ley y a la dignidad de los ciudadanos.

Por más premios que tenga cualquier administración municipal, esto no le exime de las obligaciones básicas, puesto que no se trata de cumplir con personalismos fatuos sino de fortalecer el concepto de probidad. Lamentablemente, los egos alimentados por roscas pequeñas o grandes de aduladores pueden descarrillar las mejores intenciones y hacer creer a los funcionarios que la fiscalización es un ataque personal o una estrategia de desgaste.

Si las cuentas están claras, ¿cuál es el temor? Y la pregunta se puede reiterar si se toma en cuenta que las notificaciones digitales de la Contraloría abarcan a los alcaldes del período anterior, a menos que en realidad existan detalles comprometedores que se haga necesario maquillar, objetivo para el cual la tradicional parsimonia es perniciosamente útil. La Anam debe proponer mecanismos de auditoría previa y durante la realización de obras, si es que acaso su fin real es la probidad.