A lo largo de décadas ha sido innegable el peso y la importancia de la relación comercial, diplomática, cultural y política con los Estados Unidos de América, potencia mundial dentro de cuyo círculo de influencia se encuentra Guatemala y en cuyo territorio residen por lo menos dos millones de guatemaltecos que con sus remesas contribuyen a mantener a flote la economía local.

Miles de connacionales se encuentran en un estatus migratorio irregular, debido al éxodo, también de décadas, que se ha visto seriamente agudizado en los últimos tres años, que coinciden precisamente con la administración de Jimmy Morales, cuyos objetivos en política exterior se dirigieron a ganar créditos convenientes ante el presidente Donald Trump, básicamente con el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, para así tener respaldo de dicho gobierno en el impulso de determinadas acciones unilaterales. No importó dejar relegadas peticiones referentes a un Estatus de Protección Temporal para guatemaltecos, un área en la cual otros países han tomado la delantera.

Así de tardía y tibia fue la reacción ante al endurecimiento de políticas antimigrantes que devinieron en la separación de cientos de menores de sus padres. Fue en esta circunstancia en que se produjeron las muertes, bajo detención fronteriza, de los pequeños Jakelin Caal, el 8 de diciembre, y Felipe Alonzo, el 24 de diciembre, quienes sufrieron infecciones letales. Tampoco se ha aclarado plenamente la muerte de la migrante indígena Claudia Patricia Gómez, contra quien un agente de migración disparó cuando intentaba ponerse a salvo de una redada. Su crimen, al igual que el de los niños, fue intentar encontrar una mejor oportunidad de vida. No se justifica, por supuesto, el ingreso de forma ilegal a territorio estadounidense, pero también resultan injustificables tales muertes. La integración y participación de miles de migrantes nacionales tampoco ha sido prorizada, puesto que continúan los problemas de guatemaltecos para la obtención de pasaportes, DPI u otros trámites.

El único nombramiento de un migrante en el gabinete fue fatuo y fugaz: Marvin Mérida fue designado como embajador honorario en Estados Unidos, pero nunca tuvo estatus oficial. Su única acción conocida fue el cabildeo ilegal efectuado a nombre del Gobierno en contra del entonces embajador de EE. UU. Todd Robinson y una petición por escrito, a un senador, para que investigara el uso de fondos estadounidenses en el país. El nombramiento fue hecho por el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, en 2015, quien aclaró que lo hizo a petición de Morales. El 13 de abril de 2017 fue derogado el acuerdo, pero no hubo ninguna consecuencia legal para la aparente usurpación de calidades de Mérida, quien además habría recaudado fondos no reportados para la campaña de FCN-Nación, pesquisa que quedó detenida en el MP.

Es por ello que no extraña el soslayo oficialista al anuncio de suspensión de la ayuda en materia de seguridad. Tampoco es raro el mutismo estatal frente al anuncio de Trump de retirar la asistencia a la región, pese a que se trata de un error estratégico que, lejos de frenar la migración, podría acicatearla. La presión de la potencia debería ir en contra de las acciones y pactos de aliados tan oportunistas que no han propiciado el desarrollo humano ni la equidad, ni el combate de la pobreza, que son precisamente los detonadores del dramático éxodo que tanto les impacta.