La justicia guatemalteca se encuentra en medio de un devenir colmado de retos que se pueden resumir en la necesidad de reducir los niveles de impunidad, ofrecer una mayor certeza jurídica a todos los sectores de la sociedad y sentar una jurisprudencia digna que supere resabios y discrecionalidades de décadas pasadas. No se trata de una tarea fácil ni sencilla, por lo cual hace tres lustros surgió el proyecto de integrar un ente internacional de apoyo para contribuir a afrontar tales retos.

A escasos días de su final, es necesario señalar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cometió varios errores a lo largo de sus 12 años de existencia, pero también es necesario reconocer que sus aportes a la lucha contra la corrupción son innegables. El enjuiciamiento de altas autoridades del gobierno del Partido Patriota y la persecución de expresidenciables otrora poderosos, que aún siguen prófugos, son una evidencia de los pasos correctos dados en una dirección crítica, impensable hasta antes del 2015 e indispensable después.

Ciertamente hubo errores que costaron caro: políticos, procesales y hasta mediáticos, con causas atribuibles a diversos factores e incluso personas. Pero también se han concluido con éxito juicios por varios casos emblemáticos de corrupción que llegaron hasta la etapa de sentencia. Uno de ellos fue la famosa estafa del Lago de Amatitlán, cuya limpieza mediante un compuesto de agua mágica, sin fundamento científico ni precedente real en ninguna parte del mundo, se intentó vender por más de Q130 millones.

Tras una transición largamente anunciada y legalmente disputada finaliza el próximo 3 de septiembre el período de la Cicig. El símbolo concreto de este relevo es la entrega al Ministerio Público de expedientes procesales, investigaciones en curso, documentos probatorios y evidencias recopiladas para diversos casos que aún se encuentran en distintas fases judiciales. La Fiscal General, sobre quien han caído críticas y elogios, señalamientos y exculpaciones, ha afirmado repetidamente que proseguirá con el combate de las prácticas ilícitas dentro de la administración pública a través de la aplicación estricta de la ley y con una persecución judicial objetiva que conduzca a sanciones ejemplares para quienes intenten burlar el estado de Derecho. Sobre sus hombros recae el futuro inmediato de diversos procesos judiciales que han conducido a desbaratar estructuras de defraudación, malversación y saqueo.

El verdadero objetivo de esta nueva etapa de la justicia guatemalteca debe enfocarse en la continuidad de los esfuerzos por aportar elementos probatorios a los procesos en marcha, no en un afán de revanchismo o de supuesta animadversión ideológica, sino como simple y llano sentido común: Guatemala no podrá avanzar sin una certeza de castigo para quienes abusen de la confianza pública.

Con creciente frecuencia se escuchan rumores acerca de los festejos que se organizan en centros de privación de libertad de personas señaladas en casos judiciales de la Cicig, de cara a la partida de la Comisión. Esto es un equivalente a subestimar las capacidades del equipo del Ministerio Público o a considerar como un elemento accesorio a su titular. Presuponer que con la partida de la Cicig termina la lucha anticorrupción es poner en tela de juicio la ética de tantos fiscales e investigadores guatemaltecos cuyo ideal diario es el imperio de la ley.