Le vamos a prestar una cita al filósofo español Luis Lledó (1927), quien a fuerza de guerras y reflexiones, de historia y duras lecciones, tiene la autoridad intelectual suficiente para diagnosticar una cruda realidad: “Es terrible que un ignorante con poder político y repleto de ignorancia determine nuestras vidas. La ignorancia individual es inocente, pero un ignorante con poder es catastrófico para una sociedad. Desgraciadamente, está a la orden del día de nuestra política”. Se refiere el pensador, sin duda alguna, a politiqueros de su latitud; sin embargo, cualquier parecido con la realidad nacional no es coincidencia.

Es aberrante el concepto de procesos a contra reloj que trata de vender el oficialismo legislativo, comenzando por su propia directiva y su presidenta, Shirley Rivera. Con absoluta determinación, quieren que los informes de las dos pesquisidoras de antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo y ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre titulares y suplentes, estén listos dentro de 10 días calendario, o antes. Esperan resoluciones sumarias, como si fueran jurados de fuero especial, lo cual retrotrae más de seis décadas todo el andamiaje legal, menosprecian el estado de Derecho y convierten el debate político en una suerte de designio catastrófico.

Estas discrecionalidades denotan un sustrato de temores a la cuentadancia que no pueden ocultar ni con todas las falacias calcadas, firmadas y selladas. Arguye la presidenta del organismo que el último período de sesiones de la legislatura finaliza el 30 de noviembre, y por eso la prisa en tener los informes de las comisiones investigadoras. Dejaron al país sin Corte Suprema de Justicia (CSJ) electa por cuatro años, y ahora sienten apremio por dar un dictamen exprés.

La diligencia de oficialistas y bisagras chirriantes contrasta con la desidia, displicencia, dejadez, indolencia, incuria o abulia con la cual llevaron la agenda del Congreso, no de este año sino todo el cuatrienio. Aprobaron lo que les convenía: créditos por millardos, presupuestos sin candados de transparencia, transferencias interanuales de fondos con fines electoreros, pero no les apeteció discutir y formular leyes urgentes como la de Infraestructura, la de Competitividad, la de Aguas, cambios a la de Servicio Civil, así como otras nuevas de Tránsito o de Adquisiciones y Contratos del Estado. Ni siquiera entraron a discutirlas, así como tampoco efectuaron interpelaciones a ministros negligentes.

Pero todavía hay sensatez en medio de tanto barullo: el diputado Julio Longo, presidente de la pesquisidora contra magistrados del TSE, ha sido claro en señalar que 10 días no bastan para una pesquisa tan grave y trascendental. Argumenta que se deben efectuar entrevistas con los señalados y ahí radica una de las debilidades del método: la responsabilidad legal es personalísima, y fue un despropósito haber creado una sola postuladora para decidir sobre el destino de ocho funcionarios.

Es una argucia de leguleyos esa intentona de desaforar a un magistrado del TSE que resistió y sigue rechazando los embates antidemocráticos. El citado Tribunal es la piedra en el zapato del oficialismo y sigue siendo la piedra fundamental del proceso democrático. Certificó y cimenta la validez de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto. Por ende, los antejuicios que deberá conocer la nueva CSJ deben ser desechados in limine por el solo hecho de conculcar la garantía de Libre Emisión del Pensamiento, como lo solicitó ayer, de manera unánime, el sector privado organizado.