La falta de educación política, la poca habilidad de dominar el ego y la persistencia de manejar agendas a espaldas de la ciudadanía en las postrimerías del gobierno son tres síntomas que se han conjugado evidentemente a lo largo de un mes, que se cumple hoy, de la segunda vuelta electoral, en la cual Alejandro Giammattei resultó electo para suceder en el cargo a Jimmy Morales. Los tres factores listados se han convertido en un banco de arena que mantiene encallado el proceso de transición de gobierno, el cual fue anunciado con celeridad y que prometía un aprovechamiento sin precedentes del período de cinco meses, del cual ya se ha perdido uno.

Podría suponerse que con 35 años de vida democrática, los políticos, los funcionarios y hasta los mandatarios ya deberían haber estudiado la historia de sucesivas etapas de cambio de gobierno, a fin de prever inconvenientes y optimizar un recurso tan valioso e irrecuperable como el tiempo, a fin de no perderlo, sea por divergencias de abordaje de los problemas nacionales o por desconfianza entre equipos y rivalidades dirigenciales.

Es claro que el Ejecutivo en el poder tiene la facultad legal de involucrar o no en la negociación a quienes asumirán la responsabilidad en el siguiente período constitucional, puesto que para ello existe un ordenamiento que determina con claridad los plazos de las autoridades electas. Obviamente no puede haber dos cabezas de Estado simultáneas, pues esto traería otro tipo de conflictos e ilegalidades. Sin embargo, al ser tan complejo el aparato estatal y tan demandantes de decisiones las circunstancias del acontecer nacional y global, constituye una pérdida estratégica el no abrir espacios y oídos al nuevo gabinete.

Son evidentes las divergencias discursivas entre el presidente saliente y el electo en cuanto al abordaje del acuerdo migratorio que se negocia con Estados Unidos, cuyos adendos aún se encuentran en medio de conversaciones sigilosas, a las cuales se ofreció invitar, como observadores, a delegados del equipo de Giammattei, para compartir información sobre los avances del plan en cuestión, lo cual no ha sucedido, con la excusa de que aún no se han firmado varios puntos. Suena casi a una protervia oficialista el excluir del proceso a aquellos que heredarán la tarea de implementar algo que se negoció sin su participación y, en general, alejado del ojo ciudadano.

Es imposible saber si la premura por parte del gobierno moralista obedece a algún tipo de presiones adicionales que no sean públicas, puesto que las amenazas de sanciones económicas proferidas en meses anteriores por el presidente Donald Trump, si bien son temibles, están sujetas a todo un proceso institucional. Por otra parte, si los puntos del acuerdo, incluso aquellos que todavía se encuentran en proceso de consenso, son tan ventajosos para Guatemala, no deberían ser mantenidos en secreto, sino al contrario, plenamente divulgados.

El presidente Jimmy Morales debería dejar de lado cualquier afán de protagonismo en la etapa final de su gestión y reconocer que la voluntad ciudadana dejó muy lejos en las urnas al partido oficial, con lo cual es obvio que la confianza en su gestión ha dejado de ser aquella de la cual tanto presumió en la primera mitad de su administración. Por lo tanto, lo más maduro, sensato y pragmático sería involucrar plenamente al nuevo gobierno en la confección de un plan que impactará en los años por venir, previo aval legislativo.