A lo largo de la crisis política generada por el asedio del Ministerio Público contra el proceso electoral y el binomio presidencial electo, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, se abstuvo de censurar, criticar o cuestionar tales acciones o de advertir sobre sus efectos. Ello contrastaba los llamados de diversos sectores: universidades privadas, centros de investigación, organizaciones populares y campesinas, defensores de derechos humanos y hasta el empresariado organizado del país, de proteger la democracia y la decisión ciudadana. El único mantra presidencial era que el proceso de “transición” estaba en marcha, que esa era la prueba de que sí tenía voluntad de entregar el mando, aunque usualmente no especificaba a quién.

En fin, tácitas connotaciones sobre tal silencio agitaban la opinión pública y agudizaron la exigencia de un pronunciamiento claro del mandatario acerca de la continuidad democrática en medio de inéditos secuestros de actas de los comicios, procesos contra magistrados electorales, órdenes de captura, antejuicios solicitados contra su sucesor electo —procesos que, según el amparo de la CC, siguen su curso, aunque se estipula la entrega del poder a todos los funcionarios que ganaron elecciones según los resultados oficializados por la máxima y única autoridad electoral—.

En el Congreso se cocinó una perolada de grasosas conveniencias en el presupuesto para el 2024, cuyo proyecto fue entregado por Finanzas en septiembre. Se basó en las disertaciones y diálogos del proceso de Presupuesto Abierto, impulsado por el Ejecutivo. El esfuerzo resultaba ser una escenificación inútil y una pérdida de tiempo, puesto que la Comisión de Finanzas trastocó cifras, acomodó bolsones de gasto e impuso cepos chantajistas al siguiente Ejecutivo.

Para que el publicitado y largo ejercicio de Presupuesto Abierto ya mencionado no fuera una pantomima, una simulación, un sainete aburrido, era justo y necesario que el presidente Giammattei Falla hiciera acopio de sentido común, de empatía y sentido de Nación para escuchar a expertos en economía, a la comisión de acompañamiento legislativo, a institutos de análisis, a exministros de Finanzas e incluso al mandatario electo, que le pidieron una y otra vez que vetara tal adefesio armado por los diputados. A 30 días de entregar el cargo, Giammattei Falla anunció que había avalado el cuestionado plan.

Es imposible saber si tomó la decisión sin asesoría o muy mal aconsejado, pero en todo caso constituye un desatino sancionar un decreto de presupuesto tan criticado por contener serias deficiencias técnicas, maliciosas manipulaciones a beneficio de contratistas ligados a diputados, sabotajes al financiamiento estatal mediante bonos y recortes lesivos a la ciudadanía, como los 300 millones que le restaron a Salud, un renglón que en discursos y en su plan de gobierno el doctor Giammattei dijo que iba a fortalecer.

El gobierno entrante también cometió garrafales errores, como el pedir un aumento presupuestario, en lugar de centrarse en la calidad del gasto o en la transparencia. El presidente electo, como diputado, también pudo alzar la voz en el pleno para protestar por tan oneroso despropósito y, sobre todo, para poner en evidencia que la llamada transición había sido otra simulación, porque el seguimiento de programas y proyectos se amarró a los intereses de una gavilla de desavisados, muchos de los cuales tenían el incentivo perverso de no haber sido reelectos. Tocará ahora acudir a la CC por inconstitucionalidades manifiestas.