Duelen las piedras secas de un cauce sin río, sobre todo a aquellos guatemaltecos que dependen de este recurso natural para subsistir, ya sea de la pesca, el turismo o simplemente para utilizar las aguas de manera comedida en el riego de cultivos, higiene o lavado de ropa. Obviamente, no sienten ningún remordimiento todos aquellos que se creen con la potestad de desviar caudales completos para irrigar extensos terrenos en total impunidad y dejan sin agua a comunidades enteras a causa de que las autoridades municipales o ministeriales no se atreven a regular la equitativa distribución de un bien público.

Duelen las extensiones de montañas y llanuras con árboles talados, ya sea por caudillos regionales que presumen su poder económico y conexiones políticas, o por grupos supuestamente populares que esgrimen la precariedad como excusa para transgredir la ley, azuzados a menudo por facciones mafiosas o negociadores interesados.

El círculo vicioso se cierra cada vez más en la garganta de Guatemala, de cuya proverbial primavera solo quedan contados días frescos y numerosas regiones donde priva la sequía, las siembras se secan, el hambre asedia y la pobreza se convierte en detonante de nuevas destrucciones de bosque para usar la leña como combustible o para recibir unos cuantos jornales efímeros.

Funcionarios ambientales se jactan de colocar mallas para retener basura en los ríos, pero estos van a un tercio o menos de su caudal. Presumen de tratados de deuda de carbono o convenios anodinos, mientras toman con displicencia la desaparición de fuentes de agua. Si alguien pregunta qué ocurrió con tal o cual afluente, responden que se trata de algo estacional, con sospechosa celeridad y pese a que el país está en lo que otrora era la época más lluviosa.

Guatemala carece de una ley de aguas, pese a que hay una veintena de iniciativas de ley, debido a que son muchos los oscuros intereses que se mueven alrededor de este vital recurso. No se trata de quitar a las comunidades sus fuentes de aprovisionamiento, sino de asegurar su uso correcto y conservación. No se trata de privar a nadie del uso de cursos fluviales para propósitos productivos, pero sí de supervisar que sea equitativo y que genere ingresos al Estado para atender a los menos favorecidos. No es cuestión de prohibir el aprovechamiento forestal, sino de transparentarlo y de resguardar, con todo el poder del Estado, las reservas y parques nacionales, no solo de invasores ocasionales, sino de mafias locales, de autoridades oportunistas y funcionarios venales.

Urge recuperar la primavera a Guatemala, en un mundo que corre apresuradamente hacia un mayor calentamiento global. Con el próximo cambio de gobierno, debería quedar establecido que nunca más un titular del Ministerio de Ambiente sea un diletante, porque ello constituye no solo una falta de ética, sino un insulto a los guatemaltecos que valoran la riqueza natural de este territorio. Por otra parte, no solo es cuestión estatal, sino una responsabilidad de los padres de familia y maestros, que deben inculcar en los niños la siembra de árboles y el cuidado ecológico. El momento es ahora, cuando aún se puede hacer algo.