Es posible suponer, con espíritu empático, las dificultades que pueden afrontar los exmilitares guatemaltecos en la provincia, posiblemente sin empleo fijo ni una escolaridad suficiente y con dependencias familiares. No obstante, distan de ser el único grupo de población vulnerable que afronta esa situación, agudizada por el impacto económico de la pandemia y los rezagos del desarrollo productivo que no han sido atendidos por sucesivos gobiernos. Por esto mismo, la precariedad no puede ser un aval ni un pretexto para impedir la libre locomoción en al menos 14 tramos viales.

El daño económico es enorme y amenaza con incrementarse si continúan con este reclamo desfasado, que sin duda ha sido acicateado por líderes venales que buscan beneficios ulteriores. Incluso no estaría lejos suponer algún cobro de comisiones en caso de llegar a tener resultados este chantaje. Este año se cumplirá un cuarto de siglo del final del conflicto armado, con lo cual es difícil, si no imposible, comprobar el servicio militar efectivo de los reclamantes.

El Ministerio de Defensa no ha sido capaz hasta ahora de elaborar una nómina confiable para comprobar la veracidad de la pertenencia temporal de estas personas al Ejército, lo cual deja entrever el descontrol o la pérdida de sus archivos. Esta situación recuerda el levantamiento protagonizado en el 2003 por expatrulleros civiles, quienes reclamaban también una compensación económica por el tiempo de servicio prestado, con intimidaciones similares: bloqueo de carreteras y aeropuertos. Esta demanda también buscó ser capitalizada por varios politiqueros, tal como lo han hecho recientemente diputados demagogos y oportunistas.

Es notorio el aumento del monto reclamado, que inicialmente era de Q85 mil y ahora es de Q120 mil, lo que, en conjunto, integraría una cifra impagable de hasta Q36 mil millones, si acaso fuera cierto el número de 300 mil demandantes, aunque hace dos años decían ser 1.7 millones, pero sin presentar documentos ni evidencias. Para un gobierno en apuros por las deficiencias de la vacunación, el atraso en la entrega de dosis pagadas y denuncias de desabasto en hospitales, este tipo de protestas funcionan bien como distractor. Qué coincidencia.

En todo caso, el Ejecutivo y el Congreso no pueden ni deben ceder al secuestro de carreteras, porque sentarían un precedente nefasto que luego sería utilizado por otros grupos como los salubristas, que extrañamente no reclaman nada por las carencias hospitalarias, o los seguidores de Joviel Acevedo, que tal vez están esperando el acicate de su amo. Todo bloqueo es pernicioso para la economía. Afecta a quienes sí trabajan, producen y tributan. Detrás de toda medida de esta naturaleza hay cierta hipocresía porque afirma defender derechos a costa de daños a terceros. En todo caso, se deben negociar programas de apoyo al desarrollo integral y económico de las comunidades.

Finalmente, el servicio militar es eso: un servicio prestado a la patria, que tuvo una remuneración en su momento y que también tenía un tiempo de finalización, así como lo tiene para la tropa actualmente en activo. Es allí donde el Ejército debe generar mejores oportunidades de capacitación productiva y superación académica, a fin de no solo expulsar desempleados. Los programas de prestaciones deberían extenderse proporcionalmente a quienes forman parte de la institución, incluyendo al soldado raso y a la oficialidad.