El derecho de petición y la libertad de expresión son garantías constitucionales inalienables. Deben ser protegidos y refrendados, sobre todo en los momentos en que el Ejecutivo parece perdido en sus circunloquios, extraviado en su laberinto de conveniencias y sobrepasado por una crisis sanitaria que se ha manejado entre ambigüedades, secretismos y evidentes deficiencias de gestión.

Pero existe un abismo entre la legítima manifestación ciudadana pacífica y los bloqueos viales que causan pérdidas económicas a todo nivel: desde envíos industriales que se demoran hasta productos perecederos arruinados, de pequeños comerciantes que quedan atrapados en las kilométricas filas originadas por protestas que se desvían de su fin cuando violan el derecho de los demás a transitar con libertad: impiden a otros guatemaltecos acudir a sus labores, ganarse el sustento diario con sus ventas y les causan perjuicios que son simplemente irreparables.

Algunos de los bloqueos carreteros recientes han sido impuestos por grupos que buscan instrumentalizar la democracia en busca de querer imponer sus propios mecanismos de intolerancia. Afirman buscar vías electorales, reclaman derechos fijados en la Carta Magna, pero su mira apunta claramente a totalitarismos intolerantes, y abiertamente confiesan su intención de cambiar la Constitución en nombre de supuestas inclusiones, las mismas que tienen bajo el yugo de la opresión a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son sus paradigmas ocultos. Queda claro que no les interesa el bienestar del ciudadano, sino solamente sus agendas extremistas, las cuales venden a precio de populismo barato, sufragado con hurtos de energía y fondos de origen no declarado.

Los extremismos apuntan siempre a dos lados y la clara muestra de sus paradójicos parecidos es que recurren a las mismas tácticas, ya sea por ignorancia o por abierto desprecio al diálogo civilizado. El lunes y martes últimos, grupos de supuestos exmilitares, pues su auténtica filiación aún no ha sido documentada por el Ministerio de la Defensa, bloquearon vías, causaron masivos atascos, golpearon exportaciones, afectaron al comercio e incluso impidieron el paso de ambulancias con pacientes críticos, en nombre de un reclamo de resarcimiento por un servicio que se suponía patrio.

Ningún “diálogo” puede iniciarse bajo amenaza, chantaje o conminación, sobre todo si esta es dañosa para terceros, ajenos a la reivindicación esgrimida. Peor aún, el resarcimiento exigido por los autonombrados exmilitares ya lo están pagando los propios conciudadanos que padecen por los prepotentes bloqueos. No faltan congresistas aprovechados, demagogos de profesión, que pretenden congraciarse clientelarmente con estos grupos, de uno u otro signo, pero que confluyen en el irrespeto a los compatriotas, en la desconsideración a los ancianos y en la insensibilidad hacia los enfermos.

No debe quedar fuera la mención a las fuerzas de seguridad, que arremetieron brutalmente contra manifestantes pacíficos en la Plaza de la Constitución, pero hoy permanecieron pasivas ante piquetes de decenas de individuos en detrimento de miles de damnificados. Es posible que no hayan recibido la orden superior de restablecer la libre locomoción. Es posible también que el barullo sirva de distractor para un gobierno en apuros por enfermos que duermen en el piso y que quizá intente capitalizar votos de este sector si llega a ceder a su descomunal pretensión.