Una expectativa ética demasiado alta, a pesar de sus ventajas en imagen pública en su último tramo de gestión, resultó la esperanza fallida en que el presidente Jimmy Morales vetara el decreto 10-2019 sobre reformas al Código Procesal Penal referentes a la aceptación de cargos, una iniciativa novedosa, necesaria y funcional que fue convertida, a manos de un contubernio de diputados oficialistas apoyados por la supuesta oposición uneísta, en un adefesio mutilado, inconstitucional e ilógico, que no solo es un insulto a las víctimas de delitos incluidos en la misma, sino todo un retroceso para la impartición de justicia.

En una desafortunada confluencia de polarización, acicateada por oscuros intereses, un Congreso impresentable —rechazado estentóreamente por la población en las urnas— y la necesidad de agilizar la impartición de justicia, se produjo la repentina convocatoria para aprobar dicha reforma. La misma fue largamente relegada, por ser una propuesta de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero mediante enmiendas aviesas se le restaron aspectos estratégicos, como la obligación de colaborar para desbaratar redes ilícitas o el entorpecimiento a la extinción de bienes malhabidos. Una vez sin dientes, pero con todas las comodidades para los señalados de casos de corrupción o financiamiento ilícito, los cambios fueron aprobados, y para justificar la precipitación, el propio presidente del Legislativo argumentó que fue una propuesta de la Cicig.

El caso es que ese bodrio legal fue sancionado por la Presidencia para cobrar vigencia en enero próximo, cuando se prevé una oleada de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diversas personas y entidades.

El país necesita una modernización legal en varios ámbitos. La aceptación de cargos es uno, pero partiendo de una ley ecuánime, con visión de Nación, discutida por personas responsables y sin conflictos de interés. Lo mismo puede decirse acerca de otras reformas al Código Procesal Penal que se encuentran en discusión, respecto de la prisión preventiva. El actual Congreso carece de la legitimidad ética para acometer tales desafíos, y debe dejar el asunto a la próxima legislatura.

La reconstrucción institucional del país requiere de un ordenamiento jurídico alineado con una visión incluyente, sin prejuicios ni privilegios, con pertinencia cultural y eficiencia funcional, para no ser piedra de tropiezo, sino la cristalización de las expectativas ciudadanas. Para este fin se requiere de la participación de sectores civiles y académicos, del gremio de profesionales del Derecho y también del sector justicia, en un diálogo sistemático y vinculante que conduzca a una propuesta consensuada, que debe ser respetada por el Congreso. Lo mismo aplica para futuros cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, puesto que el fiasco del 2016 exhibía ya la imprudencia de los representantes.

Será necesario que la Corte Suprema de Justicia y, de ser necesario, la Corte de Constitucionalidad respondan de forma pronta y acertada cuando se presenten los recursos legales de inconstitucionalidad. La propia Fiscal General expresó en su momento su total desacuerdo con las reformas, por sus evidentes defectos técnicos y doctrinales. Decenas de abogados, de diversas líneas de pensamiento, solicitaron respetuosamente el veto para el imprudente decreto. Obviamente, fueron desoídos, pero quizá era demasiado esperar en el epílogo de tantas imprudencias, que son lecciones para los sucesores.