No queda clara la intencionalidad subyacente al ordenar la captura del exministro de Gobernación Napoleón Barrientos por haber cumplido con su deber al actuar con prudencia, con racionalidad y apego al estado de Derecho. El Ministerio Público solicitó su detención cuando pudo haberlo citado a declarar por un supuesto “incumplimiento de deberes”. La acusación se basa en que el exfuncionario no ordenó la represión violenta de ciudadanos que manifestaban descontento por el asedio en contra del proceso electoral. Barrientos privilegió la vía del diálogo y mantuvo la cordura pese a las presiones de la Fiscalía.

Esta captura, a solo tres días del relevo de mando, podría llevar a suponer retorcidas prospectivas hipotéticas, pero son absurdas, debido a que el cambio de autoridades a todo nivel es inminente e imperativo, por mandato establecido en la Carta Magna y refrendado por fallo de la Corte de Constitucionalidad el 14 de diciembre último. El propio presidente Alejandro Giammattei ha aseverado que tiene la intención de entregar el mando. Para demostrarlo debería respaldar a su exministro con la misma vehemencia con que fue a reclamar a otros países una supuesta injerencia. La comunidad internacional solo ha acompañado la voluntad del pueblo de Guatemala, manifestada en las urnas, en un proceso del cual fueron testigos acuciosos.

También es llamativo el silencio oficial y la falta de resultados del Ministerio Público respecto del aparente atentado contra una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, cuya seguridad fue movilizada justo en la madrugada que ocurrió el incidente. Otro magistrado de la CC pidió recientemente protección a la Policía Nacional Civil por temor a un ataque en su contra.

La CC otorgó ayer un amparo provisional a favor de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien solicitó la medida ante los rumores de una orden de captura en su contra, originada por su supuesto vínculo con el caso Toma de la Universidad de San Carlos, extremo que ella ha negado. El 16 de noviembre de 2023, el MP anunció que había solicitado el retiro de inmunidad del binomio electo por dicho caso, debido a que, haciendo uso de su derecho de libre expresión, apoyó la protesta en contra del cuestionado rector Walter Mazariegos. La Corte Suprema de Justicia, inexplicablemente, todavía no ha desechado la solicitud, pese a que vulnera la Libre Emisión del Pensamiento.

La Fiscalía también accionó para pedir órdenes de captura en contra de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Pudo pedir su comparecencia voluntaria para declarar por supuesta sobrevaloración del sistema digital para reporte de resultados preliminares. Pero se privilegia el uso de fuerza, lo mismo que ocurrió cuando allanó el Centro de Operación Electoral en el Parque de la Industria o cuando sacó por la fuerza las cajas con actas electorales. En todo caso, nada altera los resultados definitivos que fueron oficializados el 31 de octubre y dieron pie al proceso de transición gubernamental.

Nadie se opone a que existan pesquisas; al contrario, esa es la misión del Ministerio Público, que debe hacerla con pertinencia y con procesos públicos en los cuales los señalados tengan acceso a los expedientes de acusación. Porque el país necesita certeza jurídica, continuidad democrática y el relevo de autoridades presidenciales, legislativas y ediles, las cuales tienen mucho trabajo por delante para cumplir con lo que ofrecieron, principalmente servir al Pueblo y a ningún otro interés.