Aunque  la preocupación por los casos de coronavirus, la situación de los hospitales y la espera de una  recuperación paulatina de las actividades económicas abarcan buena parte de la atención ciudadana, es necesario recordar a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral —que tomaron posesión hace dos meses— que por la relevancia de sus actuaciones se encuentran en el foco de la opinión pública, pues de ellas depende el proceso democrático, la depuración política y la continuidad de las reformas electorales.

Fue llamativa la decisión de suspender, apenas a cuatro días de haber asumido, todos los procesos disciplinarios e incluso de cancelación contra varias organizaciones partidarias que infringieron las leyes vigentes. Ojalá haya sido para verificar la legalidad de todas las acciones, a fin de  sustentarlas sólidamente y no para apañar o proteger a grupos que hayan votado por ellos en el Congreso. De ser así, se hará evidente y ellos, los magistrados, cargarán con ese conflicto de interés.

La semana anterior fueron destituidos ocho directores de áreas neurálgicas del TSE, entre ellas la  Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, la Inspectoría General, el Registro de Ciudadanos, la Administración y la Dirección Financiera. El presidente del TSE, Mynor Franco, declaró como justificación que son puestos de confianza. Es necesario cuestionar ¿de confianza de quién?, pues  la integración de dicho organismo es colegiada y por lo mismo no cabe que ninguno de sus integrantes imponga a allegados. La selección de los nuevos directores no debe hacerse  secretamente, sino con  procesos de oposición públicos y sujetos a cualquier cuestionamiento de amistad o relaciones previas.

La masiva remoción de cabezas del TSE despierta cierta extrañeza,  debido a que prácticamente todos los magistrados son noveles en este campo, por lo cual se hacía necesario contar con personas que los capacitaran en los mecanismos y procedimientos de la institución. Si efectuaron el despido por desconfianza fundada o por temor a filtraciones de información, deberían ser íntegros en señalarlo.

El pleno de este organismo debe presentar públicamente y a la brevedad posible un cronograma de trabajo para dar a conocer la primera depuración de las propuestas de cambios a la Ley Electoral, lo cual proveerá una buena lectura  de sus objetivos. Asimismo, ellos tienen la potestad de dar continuidad a casos de cancelación de partidos que ya estaban en una última etapa. El TSE  no puede quedar a merced de favoritismo, simpatía o deuda política alguna. Sus estándares deben ser lo suficientemente altos como para evitar que se repitan lamentables fenómenos electoreros como los partidos Patriota o Líder. Un buen primer paso para despejar dudas es dar cumplimiento a las sanciones ya emitidas contra partidos ligados al narcotráfico.

Es evidente que varias agrupaciones son cascarones vacíos. Es responsabilidad de los magistrados titulares y suplentes dar continuidad al ordenamiento político del país, exigir la máxima cuentadancia a las organizaciones y sancionar cualquier tipo de financiamiento de fuentes ilícitas, puesto que tales prácticas han  demostrado ser útiles para caciques, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios señalados de corrupción, pero no para la ciudadanía. De no hacerlo o incluso de promover acciones que debiliten la auditoría partidaria, ellos mismos mostrarán de qué lado de la ley están.