El presidente Alejandro Giammattei Falla se ausentó de los actos de conmemoración patria del 14 y 15 de septiembre, aduciendo quebrantos de salud, pero al tercer día ya iba camino a la asamblea general de la ONU. Este martes 19 dará su discurso. Todo lo que diga o lo que calle marcará su postura ante la grave coyuntura política, electoral, judicial e institucional del país causada por los embates del Ministerio Público (MP) y de un juez aquiescente en contra del Tribunal Supremo Electoral, que llegaron a lo más bajo con la apertura —improcedente, abusiva e inédita— de cajas con sufragios.

El mutismo presidencial ante los actos de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien reeligió en el cargo en el 2022, contrastó con las aseveraciones de anuencia total a entregar el cargo al presidente electo Bernardo Arévalo. El lunes 11 de septiembre ocurrió el segundo encuentro de transición, con entrega simbólica de documentos ministeriales, pero al día siguiente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, al mando del fiscal Rafael Curruchiche, allanaba el Centro de Operaciones del Proceso Electoral para vulnerar las cajas de votos y revisar papeletas a causa de una oscura denuncia anónima respecto del pago de deuda electoral.

Tal incursión, custodiada por un contingente armado, como si acaso estuvieran entrando en una zona roja y no a la catedral temporal de la democracia, ocurrió pese a que el período legal de comicios aún está vigente y a que constitucionalmente es el TSE la máxima autoridad en la materia. De hecho, la Corte Suprema de Justicia aún no otorga el amparo que los magistrados interpusieron ante la CC y del cual esta se lavó las manos. Tampoco ha rechazado la CSJ los precipitados antejuicios que el fiscal Curruchiche pidió contra los magistrados del TSE.

Por eso es crucial lo que declare hoy el mandatario Giammattei Falla, a 117 días del final de su período. Sería un error continuar la perorata gastada de soberanía, sobre todo a la luz del informe presentado ayer por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en el cual denunció los intentos de socavar la voluntad ciudadana manifestada en las urnas. “Acciones de una fiscalía sin competencia electoral amenazan la estabilidad en Guatemala”, es la lapidaria frase que connota los nombres y apellidos de una obvia secuencia aupada por oscuros patrocinadores.

El presidente electo presentó ayer por la tarde en la CSJ un amparo para poner fin al asedio del MP, dejando sin efecto lo actuado por el Juzgado Séptimo, a cargo del juez Fredy Orellana; previo a la acción, Arévalo pidió la renuncia de Porras y de dos fiscales de la Feci, a quienes señaló en el recurso “de orquestar un golpe de Estado” para evitar que asuma el cargo.

El cardenal Álvaro Ramazzini, entrevistado acerca de la crisis de judicialización política, cuestionó recientemente acerca de las motivaciones o fuerzas tras el actuar de la fiscal Porras, quien en un discurso leído negó ser golpista, aunque los actos en contra del proceso electoral prosiguieron. Hoy, ante la ONU, Giammattei Falla no debería eludir el tema. Y si tácitamente avalara el acoso, entonces estaría contradiciendo su previa y reiterada declaración de respetar la voluntad ciudadana. Podría, ante el augusto foro internacional, censurar como jefe de Estado de Guatemala el actuar de la Fiscalía y llamar al respeto absoluto de los estamentos constitucionales. De hecho, ante reclamos públicos de renuncia, la fiscal general llamó a respetar la Carta Magna, sí esa misma que instituye al TSE como máxima autoridad electoral.