Editorial
Caso político electoral debe ser público
El TSE sigue siendo la máxima entidad en materia electoral y la continuación del asedio a sus integrantes parece más una postemporada de lo ocurrido entre junio y enero últimos.
En febrero de 2015, un partido político llamado Libertador Progresista (PLP) pasó de tener 11 mil 862 afiliados a 23 mil 198 en apenas unos cuantos días. Se detectaron 12 mil firmas falsas, las cuales fueron anuladas y fue suspendido por seis meses, no por orden de ningún juez común y corriente, sino por disposición del Registro de Ciudadanos, como corresponde, por ser el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en la materia. No hubo ninguna pesquisa ulterior ni persecución penal del Ministerio Público contra dirigentes del susodicho partido.
Ayer se presentó voluntariamente a una audiencia la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral Alejandra Chiroy, citada por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana. No obstante, a su arribo se dio un verdadero show con su captura, pese a que desde enero presentó un memorial para acudir a la citación a fin de aclarar los señalamientos del MP de supuesto abuso de autoridad en el caso que surgió súbitamente contra Movimiento Semilla, señalado de haber presentado firmas falsas para su inscripción. Un caso que dirigentes de dicha agrupación denunciaron pero que el MP solo tomó después de que pasara a segunda vuelta, en junio de 2023.
Debido al hermetismo ordenado por el juez se desconocen los términos bajo los cuales dos extrabajadoras del TSE se declararon culpables del delito de “incumplimiento de deberes”, por lo que fueron sentenciadas a dos años de prisión conmutables. El expediente de dicho caso aún no ha sido conocido por el partido acusado, a pesar de la orden de la Corte de Constitucionalidad. Esta, no obstante, avaló la suspensión de la agrupación por orden del juez Orellana y no del TSE.
Por otra parte, prosigue la causa judicial emprendida por otra fiscalía en contra de cuatro magistrados titulares del TSE, por la presunta compra irregular del sistema de transmisión de resultados, los cuales buscan presentarse en forma voluntaria a la citación. El antecedente de la captura de Chiroy es simplemente intimidante, contrasta con la relativa pasividad del MP en laxas resoluciones judiciales de casos judiciales de alto impacto, tales como la admisión de cargos del exministro José Luis Benito o el sobreseimiento exprés de cinco delitos al exsecretario presidencial Gustavo Alejos, ambas decisiones de una misma jueza.
Paradójicamente, el MP pidió antejuicio contra otra togada que no siguió su guion sino que dictó falta de mérito a favor del exministro de Gobernación Napoleón Barrientos por haber privilegiado el diálogo civilizado a la represión en contra de la ciudadanía. Lo mismo cabe decir de la orden del juez Orellana de investigar a la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por el solo hecho de ir a orar y expresar apoyo a las trabajadoras encausadas: tal orden es inviable, toda vez que ella goza de derecho de antejuicio.
Es válido decir que se debe respetar la independencia judicial, pero, sobre todo, las garantías fundamentales ciudadanas, entre ellas el derecho a la defensa, a conocer acusaciones, a la libertad de acción, a la libre emisión del pensamiento. El TSE sigue siendo la máxima entidad en materia electoral y la continuación del asedio a sus integrantes parece más una postemporada de lo ocurrido entre junio y enero últimos. Este tema comienza a causar cansancio, por su evidente animadversión y por las reiteradas reservas declaradas por el mismo juez, que de tanta aquiescencia ya parece también ser parte.
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