Dos meses después de la captura de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, reclamados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero procedente de sobornos de la constructura Odebrecht, llega la solicitud oficial de extradición, aunque no sin que Luis Enrique y Ricardo Martinelli Jr. hayan intentado pretextar su supuesta condición de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén) como causal de una inmunidad totalmente improcedente, pues, para empezar, ni siquiera habían sido juramentados.

La sola solicitud de poder prestar juramento desde la prisión por videoconferencia ya era irrisoria, pero aún más lo fue la vaga respuesta inicial de dicha institución, de por sí anodina y disfuncional. Al inicio se dejó en manos de la bancada panameña la decisión y la potestad de juramentar a Luis Enrique Martinelli y Ricardo Martinelli Jr. Luego, ante la andanada de críticas, la presidenta actual de la entidad, Nadia de León Torres, anunció que dicha bancada decidió no juramentarlos.

Dicen que a veces los silencios pesan más que las palabras, y esto tiene especial significado porque fue notoria la incapacidad parlacenista de elaborar y efectuar un pronunciamiento unánime, vehemente y ejemplar de rechazo absoluto a todo uso indebido del fuero que gozan sus integrantes. La razón de tal imposibilidad está a la vista con casos anteriores en los cuales la inmunidad se ha usado para procurar impunidad, sobre todo en casos de corrupción. En sus casi tres décadas de existencia, el Parlacén solo ha sido un gasto estéril a expensas de los erarios de sus integrantes. Desde su origen se encuentra privado de cualquier posibilidad de ser vinculante, y por lo tanto debe desaparecer.

El presidente Alejandro Giammattei, en octubre de 2019, ya electo para el cargo, asistió a la toma de posesión de la Junta Directiva. En ese discurso se comprometió: “No descansaremos en el nuevo Gobierno de la República de Guatemala en plantear las reformas al tratado constitutivo del Parlacén… Hoy es tiempo, hermanos centroamericanos, de unirnos en una sola voz, o lo reformamos o lo cerramos”.

Van casi once meses desde aquella alocución y no se ha escuchado una sola palabra más sobre la propuesta o sobre un plazo para el retiro de Guatemala de dicho foro. Si el Parlacén surgió cuando ya existía la actual Constitución de la República, es cuestión de derogar el acuerdo de participación para cerrar ese capítulo fallido y destinar los millonarios fondos a otros rubros. Aunque sea necesario que termine el actual período de la bancada guatemalteca, para las elecciones de 2023 ya no debería existir la papeleta amarilla, que en 2019 se llenó de tantas expresiones de repudio.

La integración regional ha avanzado por otras vías. El intercambio comercial se ha consolidado con diálogos bilaterales. A las puertas del bicentenario de la independencia centroamericana hay que revisar los precedentes que impidieron la prevalencia de un solo bloque y visualizar que los mismos intereses de las clases políticas locales o los nacionalismos fomentados por décadas hacen inviable un modelo federal y, por lo tanto, ello bloquea la posibilidad de que unos cuantos diputados —cuyas candidaturas responden a premios de consuelo electorero— puedan decidir responsablemente sobre una región con 50 millones de habitantes. Y si hay dudas cabe preguntar cuál era la finalidad de los Martinelli para pedir su juramentación.