El proceso judicial para deducir responsabilidades civiles y penales contra los implicados en las irregularidades de uno de los mayores monumentos a la mediocridad en obra vial, para más señas el libramiento de Chimaltenango, que se sigue cayendo a pedazos, constituye un histórico desafío para el sistema de justicia, tanto por el monto invertido como por el precedente que marcará en favor de la lucha contra la corrupción.

Por ello, la repentina entrega del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, el 21 de enero último, desató un aluvión de suspicacias sobre las razones que lo llevaron a hacerlo, después de haber pasado prófugo 15 meses. El 14 de octubre de 2020 se giró en su contra una orden judicial de captura por su presunta vinculación con el fraude de la citada obra vial, por el cual fueron enviadas a juicio 22 personas el jueves recién pasado. Justo por ello es que la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, a cargo del caso, tiene frescos los indicios presentados por el MP en contra de estos sindicados por delitos como fraude, falsedad ideológica, estafa y lavado de dinero. Entre las evidencias figuran mensajes de texto en los teléfonos que denotan posibles nexos con el exministro Benito pero que no figuraron en la acusación del MP durante la audiencia de primera declaración del exfuncionario.

La juzgadora hizo una evaluación técnica de la acusación individual, la cual se limitaba a un delito y que omitió los mencionados mensajes de texto, una falla que claramente beneficia a Benito, funcionario clave del gobierno anterior y en una de cuyas casas fueron halladas, durante un allanamiento, maletas que contenían Q122 millones en efectivo y cuya proveniencia forma parte de otro caso.

Benito fue ligado a proceso por el presunto delito de fraude, enviado a prisión preventiva y el MP deberá continuar las pesquisas, así como incluir los indicios de marras que, ya sea por error o deficiencias de criterio, no se encontraban en el expediente de acusación. Cabe cuestionar si tan endeble argumento se debió en efecto a una falla o si se incurrió en algún tipo de dolo, lo cual queda en manos de la evaluación de calidad del desempeño que tanto promociona la fiscal general, Consuelo Porras, designada en 2018 por Jimmy Morales y que está a poco más de tres meses de finalizar su período legal.

La ciudadanía guatemalteca necesita evidencias consistentes de compromiso institucional en el combate de la corrupción. Esto no constituye, de ninguna manera, una culpabilización previa ni una cacería de brujas. Por el contrario, se trata de un proceso técnico de investigación, análisis y presentación de pruebas que no debe tolerar pifias, omisos, errores o tardanzas.

Por coincidencia, el 26 de enero último se entregaron a la justicia nueve personas presuntamente vinculadas con una compra amañada del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entre ellas la esposa y un hijo del diputado Jorge García Silva, cuyo antejuicio se negó a conocer la Corte Suprema de Justicia ese mismo día: una casualidad que también enciende la mecha de las dudas, ya que el congresista tiene nexos con la empresa Outsorcing Total, involucrada en el escándalo, pero no puede ser investigado directamente mientras tenga inmunidad legislativa. Corresponde al MP agilizar, afinar, mejorar o replantear la petición de antejuicio para que así los magistrados de la CSJ demuestren su capacidad de juicio.