La declaratoria de nulidad del contrato del manejo de la terminal portuaria por APM Terminals bien pudo (y puede aún) arreglarse a través de un proceso de transición mediante el cual se mantenga la operación constante de importaciones y exportaciones. Y sobre todo que se garantice con certeza jurídica que no pare la operación portuaria equipo técnico y físico difícil de sustituir de manera inmediata, como, por ejemplo, los escáneres de contenedores.

Sectores productivos del país han expresado preocupación por la tardanza y mensaje de inestabilidad que se envía al no resolver el tema, pero sobre todo por la eventual interrupción o reducción de operaciones, pues la terminal de EPQ no tiene ni por asomo la capacidad de manejo de carga diaria, y APM tiene un tiempo límite de operación, según el mencionado fallo, emitido por la CC, bajo claro dominio oficialista. APM planteó la elaboración de un contrato transitorio para seguir prestando el servicio mientras se llega a una nueva concesión competitiva y con todas las de ley. Pero hasta ahora el mutismo oficial y el concurso exclusivo han sido la tónica.

APM maneja hasta tres mil 500 contenedores diarios, lo cual se detendrá al momento de suspenderse en definitiva el contrato. Los equipos no podrán ser utilizados por nadie mientras no exista un sucesor definido, y ello ocasionará un embudo de embarques desde o hacia Guatemala. Ante la inminencia de este cese y la injustificada cerrazón de las autoridades portuarias y gubernamentales, uno de los socios de APM presentó una solicitud de arbitraje internacional al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) para recuperar el costo de su inversión. El erario podría perder millones de quetzales.

Los cuestionamientos lógicos surgen: ¿Qué intereses se mueven en el Ejecutivo saliente para negar la opción a la continuidad de APM? Si esta compañía ha manejado de manera integral y eficiente el embarque o desembarque de carga, los reportes impositivos y la supervisión no invasiva de los contenedores, ¿por qué no buscar vías conciliatorias para que no se interrumpa el flujo comercial del país? ¿Quién podría buscar beneficios económicos a partir de forzar una concesión a otra empresa que tardará en instalar equipos y adaptarse a la logística guatemalteca? No hace falta preguntar quién pierde, porque sería todo el país, en costo de oportunidad y pérdidas económicas millonarias en atrasos de pedidos, cancelación de contratos o penalizaciones.

APM Terminals Quetzal es socio de la naviera más grande del mundo, y esto garantiza la asignación de barcos para Guatemala, incluso en momentos de escasez o congestionamientos en grandes puertos del mundo. Quizá no es el factor decisivo, pero sí uno que deberá tomar en cuenta el gobierno de Giammattei Falla para tratar de rescatar este recurso estratégico antes de su salida del poder.

A Guatemala no le ha ido bien en arbitrajes internacionales, sobre todo si las rescisiones de contratos se deben a fallos poco justificados o a reticencias para la búsqueda de soluciones, como parece ser el caso actual. Recién en 2022, el gobierno de Guatemala —es decir, toda la ciudadanía— tuvo que pagar Q361 millones a la compañía Teco Holdings al perder un proceso que duró casi una década. Y a la pérdida económica se suma la erosión de la credibilidad del país como destino de inversiones. Urge subsanar este asunto o todos, literalmente, lo pagaremos caro.