La Corte de Constitucionalidad jugó un papel fundamental e histórico al salvaguardar la continuidad de la democracia mediante el amparo definitivo otorgado el 14 de diciembre en favor de asegurar la toma de posesión de todos los cargos democráticamente electos. Dicho amparo conminaba —sí, ese fue el verbo utilizado— a todo funcionario involucrado a asegurar la entrega de cargos oficializados por el Tribunal Supremo Electoral el 31 de octubre. Aún así hubo corcoveos de la junta permanente, que integró a última hora una comisión de “revisión de credenciales”. Este grupo se encerró durante horas y trató de excluir a un diputado electo por una supuesta denuncia reciente.

Varios diputados irrumpieron en el cónclave dudoso para exigir la continuidad de la sesión, cuya dilación impedía la ceremonia de toma de mando del binomio presidencial electo. Corrían versiones de que a las 16 horas automáticamente estaban en funciones, mientras otros decían que sin el acto protocolario ni la jura sobre la Constitución en presencia de la nueva legislatura aquello sería inviable.

Las teorías conspiracionistas advertían de que ese limbo legal de mandato es lo que buscaba la vieja directiva para forzar un hipotético, inédito y nunca antes contemplado interregno. Por algo hasta el presidente saliente Giammattei se aburrió de esperar y mejor envió la banda, el pin y la llave de la Constitución al Congreso, a ver qué pasaba, porque él siempre dijo que “entregaría el cargo” el 14 de enero de 2024. En todo caso, el peligro de un rompimiento constitucional a causa del vacío legal era una posibilidad y ni qué hablar del impacto interno y externo. Por fin pudo proseguir la sesión, que de solemne solo tuvo el nombre.

Se perfilaba la participación de una sola planilla, encabezada por la excanciller y ahora diputada Sandra Jovel, de la coalición Valor-Unionista, con el apoyo de Vamos y otros allegados. La participación de Semilla parecía imposible, debido a la suspensión de 2023, pero esta duraba seis meses y venció el 12 de enero, afirman sus partidarios. Se configuró una segunda planilla con integrantes de este y otros partidos, incluyendo a dos diputados de la UNE que no renunciaron pero fueron expulsados por no alinearse con directrices. El resto es historia reciente: esta segunda planilla se convirtió en la junta directiva del Legislativo para este año y procedió a dar posesión al presidente Arévalo.

La diputada Jovel y la Fundaterror interpusieron sendas solicitudes de amparo en la Corte de Constitucionalidad, alegando que la Ley Orgánica del Congreso excluye a los tránsfugas y diputados independientes de integrar directiva o presidir comisiones, con lo cual —según ellos— se invalida la elección. La CC es el ampáyer de esta petición de décimo inning, pero no de un juego, sino de la continuidad democrática, la institucionalidad y el estado de Derecho de Guatemala.

La CC admitió las acciones para analizarlas y requirió a la nueva directiva información del procedimiento. Diversas instancias han externado la exigencia de total legalidad, aunque esa es la demanda de toda la ciudadanía desde hace mucho tiempo. El anterior Congreso consintió en su directiva a integrantes de partidos eliminados sin que nadie objetara. El nuevo pleno efectuó una votación entre dos planillas y todos los diputados votaron, lo cual de alguna forma es un aval. La CC tiene en sus manos la cuestión, pero cual sea su resolución, deberá explicarla con claridad porque, dado su carácter inédito, sentará jurisprudencia.