Es innegable que desde mucho tiempo antes de su creación desató controversia el concepto de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de investigación de cuerpos clandestinos y grupos ilícitos enquistados en el Estado guatemalteco dirigidos a atentar contra los derechos ciudadanos, ya sea a través de la violencia, el enriquecimiento ilícito, el entorpecimiento de la justicia o todos juntos. Después de 12 años de funcionamiento llega a su fin el mandato de una institución que en el último lustro despertó los más encendidos elogios, pero también los más enconados señalamientos.

Para muchos fue un experimento necesario y exitoso; para otros fue una injerencia extranjera que ejerció justicia selectiva y que cometió abusos al amparo de su carácter supranacional. Cabe señalar que fue el propio desborde violento del país tras la finalización del conflicto armado y la infiltración de mafias en las instituciones de seguridad y justicia lo que condujo a buscar una alternativa para intentar corregir el rumbo. Fueron años completos de diálogos y ensayos, de oposiciones y avales que finalmente se concretaron en la firma de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2006, ratificado el 1 de agosto de 2007 por el Congreso de la República. El 17 de febrero de ese año habían sido asesinados y quemados tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, crimen relacionado con narcotráfico, en el cual intervinieron agentes de la PNC que a su vez fueron asesinados. Este hecho catalizó el aval y fue el primer caso por resolver.

La pugna entre la Cicig y el presidente Jimmy Morales tuvo un impacto en la sociedad, ya que proliferó un discurso de derecha contra izquierda, de cristianos contra comunistas, de nacionalismo contra invasión, que mediante arquetipos de los tiempos de la Contrarrevolución de 1954 y de la lucha contrainsurgente condujeron batallas virtuales en redes sociales entre detractores y defensores, cada uno con su particular lenguaje, estética y patrocinadores.

Hubo errores de procedimiento, de forma y enfoque en ciertas acciones de la Cicig que quizá pudieron haberse evitado, aminorado o sancionado. Aun así los abiertos críticos no pueden negar la existencia de redes ilícitas de cooptación del Estado que están bajo proceso judicial o incluso con condenas que no se habrían producido sin las metodologías de investigación que aportó dicha comisión, que en abril último aún tenía una aprobación del 72%, según la Encuesta Libre.

Recae ahora sobre la actual fiscal general la tarea de continuar con los litigios, trámites de antejuicio y las investigaciones de casos de corrupción, financiamiento ilícito, espionaje a ciudadanos e interferencia con el sistema de justicia, que serán proseguidos por fiscales guatemaltecos en tribunales nacionales, a la vista de la opinión pública nacional e internacional.

Sigue latente la necesidad de combate de todas aquellas prácticas y hechores que vulneran el erario y con ello conspiran contra el bienestar de la Nación. Es por ello que resulta de enorme interés la propuesta lanzada por el presidente electo, Alejandro Giammattei, de impulsar una comisión anticorrupción que estará enfocada no solo en apresar y enjuiciar a individuos, sino también a proponer y empujar las transformaciones legales e institucionales necesarias para construir una cultura de transparencia, la cual será posible si existe la unión de todos los sectores del país a favor del desarrollo económico y humano integral.