Amplias dudas causan las iniciativas 6021, 6054 y 6055, cuyo extraño fin es que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ya de por sí deficiente en la gestión de lo que está a su cargo, absorba las funciones, deberes y fondos de entidades hasta ahora descentralizadas como el Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret), así como las cuatro autoridades para el manejo de los lagos de Atitlán, de Amatitlán, Petén Itzá e Izabal-Río Dulce.

Hasta ahora, esa intencionalidad se ha descrito como el intento de crear un superministerio, pero en realidad, y dadas las manifiestas incapacidades administrativas, más bien se estaría gestando una especie de ornitorrinco institucional, a un alto costo económico y con graves riesgos para el manejo de las zonas protegidas y también las desprotegidas. ¿Si esa cartera ha sido incapaz de trazar una estrategia clara, coherente y funcional para manejar un tema específico, la contaminación por la basura arrastrada por el río Motagua, qué se podría esperar si recayera sobre un solo ministro todo el peso del futuro ambiental de la Nación?

De un Congreso que solo ha sido capaz de retrasar la elección de magistrados de justicia, de aprobar una opaca ampliación vial de Q3 mil millones y de amenazar derechos ciudadanos fundamentales a través de iniciativas malhechas, inconstitucionales y casuísticas no se puede esperar una reconfiguración institucional del manejo integral de recursos ambientales. Y el primer indicio que abre las dudas es la falta de adecuada divulgación y búsqueda de consensos para formular tales iniciativas.

Los avales han caminado en el hemiciclo gracias al apoyo de la presidenta Shirley Rivera, quien figura como ponente de dos de ellas, y del diputado Aníbal Rojas, hermano del actual ministro de Ambiente, Mario Rojas, quien automáticamente multiplicaría sus potestades y, por ende, sus conflictos de interés. Esto último no solo es noción abstracta, sino un riesgo de incremento de la discrecionalidad, el clientelismo y manejos aviesos, pues concentrarían permisos y licencias ambientales, así como el aval de estudios de impacto.

Vale decir que la iniciativa 6021 fue planteada por el propio presidente Giammattei para poder extender un contrato de explotación petrolera en la zona núcleo de la Biosfera Maya. Instituciones conservacionistas y expertos en ecología consideran que las iniciativas carecen de sustento técnico y jurídico; sin embargo, han avanzado en el Legislativo a espaldas de la población y de la comunidad científica y productiva. La misma Cámara del Agro ha solicitado desestimar las iniciativas que afecten la protección del entorno, pero ante estas voces de desacuerdo fundado es preocupante que el diputado Rojas, en lugar de abrir el espacio a una discusión seria, integral y multisectorial, asevere: “Le puedo garantizar que, a pesar de las críticas, vamos a seguir adelante”. No es una postura de sentido común, sino de prepotencia. No es la reacción de un docto en el tema, sino de un político obsesionado.

Por si fuera poco, la supresión de dependencias como el Inab, el Conap y Ocret representará un proceso de liquidación que no solo será oneroso, debido al despido de trabajadores, sino que abre el riesgo de paralización de programas, convenios y actividades de protección de los recursos, ya de por sí golpeados por la ineficiencia de actuales y pretéritos funcionarios.