A veces, los políticos guatemaltecos tienen cierta noción vaga de posibilidades de interacción coyuntural e incluso sus asesores pueden llegar a vislumbrar algunas oportunidades de hacer coincidir temas, discursos y decisiones; no obstante, las evidencias prácticas muestran que se encuentran muy lejos de manejar con verdadera sensatez los tiempos políticos, lo cual deviene en plazos inexorables que los obligan a exhibir públicamente su prisa.

La carrera atropellada del actual Congreso por elegir a los nuevos magistrados de Corte Suprema y salas de Apelaciones denota la avidez por trasegar poderes y favores a toda costa. El proceso se atrasó por dejadez o ineficiencia de otros, en este caso la actual Corte Suprema de Justicia, que desperdició tres años al no aprobar el reglamento de la carrera judicial. La legislatura saliente está en plena urdimbre de planes para acelerar la elección en la cual hay 110 votos que prácticamente no tienen nada que perder pues no fueron reelectos, por lo cual es lógico que estén al acecho de todo rédito.

El plazo de funcionamiento de la comisión anticicig es otro ejemplo. Ya ha convocado a todos los afectados a presentar sus quejas de abusos, perjuicios y daños, aunque en un claro ejercicio de ser juez y parte, puesto que no ha generado un plazo para que se den declaraciones de descargo, si acaso las hubiese. El 10 de enero del 2020, a cuatro días del fin de la diputación de la mayoría de integrantes de la comisión, es el plazo límite para la entrega del informe, que podría devenir en denuncias judiciales, si no es que en un plazo menor el Ministerio Público dictamina en contra de dicha comisión.

La intencionalidad de decisiones y acciones se sucede en directa correlación con sucesos previstos, tales como el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, que sirvió para que en el 2017 y comienzos del 2018 el presidente Jimmy Morales tuviera su mayor acercamiento, como el apogeo de la traslación terrestre, al presidente Donald Trump. Funcionó entonces. Pero no en el 2019. Primero, a causa de las caravanas migrantes de octubre y noviembre del 2018, a lo cual siguió el almuerzo de pollo con loroco del mandatario, el 2 de abril último, en la hacienda del candidato Mario Estrada, quien fue detenido en EE. UU. el 12 de abril. Para colmo, el acuerdo migratorio de dicha potencia y Guatemala aún está en negociaciones, secretas, y políticamente varado. En la reciente asamblea de la ONU, Trump se exhibió con los presidentes de Honduras y El Salvador, pero no con el de Guatemala.

Los tiempos parecían sobrados a comienzos del año electoral, cuando el oficialismo apostó a la reelección, al igual que decenas de diputados. Bajo tal sensación se manejaron de forma clientelar e ineficiente recursos de programas alimentarios, de insumos agrícolas y hasta de resarcimientos. Venía la Semana Santa, un tentador tiempo de promoción, lo cual llevó a abrir el paso en el libramiento de Chimaltenango, aún inconcluso. El 12 de abril —sí, el mismo día de la captura de Estrada— fue presentado a toda prisa y disfrazado de supervisión —para no ser acusados de hacer campaña ilícita—. Los recientes derrumbes a causa de taludes defectuosos parecen terminar de completar la paradoja. Ahora, el Gobierno anuncia la intención de declarar un estado de Sitio en dos municipios de Sololá que tienen una histórica rivalidad, a pesar del riesgo que ello implica para el turismo hacia el occidente, que multiplica por mucho al del nororiente, que padece los efectos de las restricciones de otro estado de Excepción que debe ser concluido o extendido el próximo viernes 4. Los ciclos siguen.