La última semana ha sido mortífera en calles y carreteras. Sangre, dolor, familias enlutadas y vehículos convertidos en inverosímiles amasijos se han sucedido, en ocasiones varias veces por día. Las causas son conocidas, repetidas hasta la saciedad, pero aun así no parece ser suficiente la prevención para evitar nuevos desenlaces fatales: exceso de velocidad, temeridad, distracción del conductor, ebriedad y, sobre todo, esa infundada pero extendida creencia de que todo le puede suceder a los otros, menos a uno.

Tan solo en la semana del 24 al 30 de mayo, al menos 15 personas perdieron la vida en hechos viales. Entre los fallecidos había pilotos, acompañantes, motociclistas, ciclistas y también peatones; es decir, hay víctimas colaterales de la insensatez, el irrespeto a las leyes de tránsito y la falta de sanciones ejemplares para los antisociales del volante. El panorama es preocupante si se analizan las cifras del año. Hasta el pasado 27 de mayo se habían registrado 2 mil 750 accidentes de vehículos a nivel nacional, cifra que supera al mismo período de 2020 en el cual ocurrieron 2 mil 667 siniestros.

Y si lo anterior sorprende, la mortalidad aterra. A finales de mayo del año pasado se registraban 593 muertos. En los primeros cinco meses del 2021 van 881 fallecidos de todas edades, incluyendo menores de edad que viajaban confiados en la responsabilidad de los mayores o pasajeros de unidades de transporte extraurbano que confiaron su vida a pilotos indolentes que en algunos casos también perecieron y en otros, se dieron a la fuga. No obstante, las carreteras del país siguen siendo escenario de carreras desenfrenadas, rebases en curva, avances a contravía y otras conductas cafres que solo auguran más muertes.

La Policía Nacional Civil prefiere hostigar a motoristas o picops viejos en pequeños y sospechosos puestos de registro con dos o tres agentes, sin mayor señalización ni auditoría de resultados. Ven pasar raudos a los autobuses y no actúan. Observan las imprudencias y no coordinan alguna advertencia con otras unidades, carretera adelante. Cuando suceden los desastres, no es culpa de nadie y es culpa de todos, en una especie de fuenteovejuna vial.

Se ha normalizado el uso de celulares durante la conducción, tanto de vehículos como de camiones pesados. Se trata de un distractor muy fuerte que en efecto está penalizado en la ley, pero persiste. De manera similar existe una especie de perversa tolerancia a los conductores alcoholizados, sobre todo en días de descanso, como si se tratase de un estado aceptable de conciencia.

Las medidas complementarias para regular la velocidad de autobuses y transporte pesado quedaron varadas entre excusas y demoras. La Dirección General de Transportes parece ser solo un ente de plazas burocráticas tramitológicas, mas no un verdadero ente rector, coordinador y facilitador de la locomoción comercial. Las policías municipales de tránsito también parecen más enfrascadas en cobrar multas atrasadas que en implementar controles efectivos en tramos críticos. Existen otras disfuncionales ambigüedades que aportan al caos: por ejemplo, la circulación de vehículos con volante del lado derecho, una anomalía que contradice el tránsito obligado por la derecha. La PNC culpa a la Superintendencia Tributaria de permitir su importación. Uno de tales vehículos se pasó un semáforo en rojo y protagonizó otro de los fuertes percances del fin de semana reciente. ¿Qué sanción tendrá? ¿Qué consecuencias debería afrontar el transgresor?