Así como tantos lastres estatales no han desaparecido ni siquiera durante la emergencia pandémica, a pesar del alto costo que representan, tales como la parsimonia burocrática, la ineficiencia en el aprovisionamiento de los hospitales nacionales o las compras fraccionadas bajo pretextos de urgencia, tampoco ha cesado el acecho de los grupos criminales mediante exacciones, amenazas, robos a casas y negocios.

Es sintomático que hayan sido las propias suspensiones sanitarias y de locomoción las que sirvieron para dejar campo abierto a bandas de saqueadores, que actuaron a sus anchas pese a los publicitados patrullajes oficiales, que sí dejaron miles de sancionados por violar el toque de queda. Paradójicamente, son más de 300 las denuncias por robo a negocios presentadas en lo que va del año, un aumento de casi el 100 por ciento comparado con todo el 2019, una cifra que, por sí sola, cuestiona los protocolos de seguridad.

El actuar de grupos delictivos no tiene respeto ni consideración alguna por la penuria que vive la población honrada. Ello queda a la vista con la cifra de alertas emitidas este año por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, por posibles casos de extorsión contra beneficiarios del programa de ayuda Bono Familia, a quienes se habría obligado a depositar total o parcialmente el subsidio a terceras personas. Asimismo, hay señalamientos de robo de recibos de electricidad que contenían el código numérico para cobrar la asistencia.

Las bandas criminales -en las cuales también se puede incluir a mafias dedicadas a medrar a costa del Estado- pueden obtener ingentes ganancias en efectivo que, como evidencian diversos casos judiciales, tales montos son almacenados en casas, apartamentos e improvisadas bodegas, donde quedan sujetos a incautaciones, delaciones, traiciones e incluso a deterioro físico. Además, intentan movilizar dichos botines disfrazados de movimientos bancarios lícitos, como pagos por supuestos servicios, cuentas de ahorro -incluso infantil- y, en el actual caso, atribuyéndolas a la recepción del Bono Familia, pero que dado su carácter irregular son detectadas.

Este tipo de anomalías no deben ser pasadas por alto y sí conducir a consecuencias penales para toda la red involucrada, sobre todo porque atentan contra la sobrevivencia de muchas familias que se han visto económicamente afectadas por las restricciones. La incorporación paulatina a la vida productiva, que en varias regiones del país y en áreas laborales como el turismo, los espectáculos o el transporte escolar se prevé lenta, demandará de nuevos planes de atención humanitaria, que no pueden quedar en peligro por intereses malsanos.

La IVE es una oficina que desde su creación y a lo largo de dos décadas se ha centrado en detectar usos maliciosos del sistema bancario y financiero legal para disfrazar fondos provenientes del narcotráfico, el secuestro, robos y también actos de corrupción en el Estado. El procedimiento de la IVE es puramente técnico, en conexión directa con Estados Unidos y agencias internacionales, basado en los datos provistos por toda entidad que maneje recursos dinerarios. Es muy importante reforzar su desempeño, blindarlo contra cualquier infiltración y frenar todo intento de debilitar o entorpecer su acción. Quien abogue, impulse o propugne tal despropósito quedaría automáticamente en evidencia como un adalid de las fuerzas oscuras que buscan, a toda costa, borrar el rastro de sus fechorías.