Apenas una semana antes de los lamentables hechos que dejaron tres soldados ultimados en la comunidad Semuy II, de El Estor, Izabal, una encuesta empresarial situaba precisamente a la conflictividad como el obstáculo más pernicioso para el crecimiento de la actividad económica y con ello un freno para el desarrollo y la generación de empleo. El área mencionada ha sido catalogada como inestable a causa de reclamos de tierras, oposición a proyectos y, sobre todo, de la operación de grupos irregulares y trasiego de drogas,

No obstante, las zonas en las que más pululan las situaciones de conflictividad van más allá de la circunscripción de Izabal; de hecho abarcan el resto de regiones fronterizas del país, con lo cual se produce un freno prácticamente generalizado a la instalación y crecimiento de empresas e inversiones en esos lugares. Ello a su vez trae más carencias, subdesarrollo y pobreza, condiciones que se conjugan como un caldo de cultivo perfecto para la incursión de grupos del crimen organizado dedicados a diversos delitos, especialmente el narcotráfico, que se convierte en causa y efecto de nuevas disputas.

Antes de la primera vuelta de las pasadas elecciones, la Policía Nacional Civil elaboró un panorama de conflictividad, el cual identificó 56 municipios con alertas de alta actividad de grupos asociados al tráfico de drogas, siete de ellos de San Marcos e igual número en Escuintla. Les seguían Chiquimula y El Progreso, con cinco municipios, cada uno. Izabal también figuraba en la investigación, debido a que constituye una de las rutas más antiguas de trasiego de cocaína, ya que conecta el mar Caribe con el territorio de Alta Verapaz y Petén, en donde operan grupos que ocuparon el lugar de carteles otrora hegemónicos.

La falta de acciones concretas de fomento al desarrollo y los contubernios de algunas autoridades locales no solo permitieron el rebrote de mafias, sino que, además, las dotaron de poder e influencia, al punto de que se dedican a azuzar a grupos de pobladores para que irrespeten a las autoridades y actúen en su beneficio. Lamentables ejemplos de esta situación son aviones con droga encontrados en Retalhuleu y Alta Verapaz en meses anteriores, a los cuales las fuerzas de seguridad no pudieron llegar debido a la resistencia de algunos vecinos. En otros casos ha sido la simple inercia estatal el mayor agravante de conflictos, puesto que hay consultas comunitarias pendientes en cuanto a proyectos de generación eléctrica, sobre las cuales existen consensos pero las mismas no se han llevado a cabo por la inexplicable inacción del Ministerio de Energía y Minas.

La metodología usual de dar largas a los asuntos, en una espera estéril para que se desactiven solos, es un factor de complicación para conflictos crónicos que se convierten en verdaderos polvorines que detonan casi al azar. No se trata de ceder a todas las presiones ni de emprender políticas represivas como se intenta ahora en 21 municipios de cinco departamentos, mediante un estado de Sitio. Quizá esto puede funcionar como un período estabilizador, pero para soluciones permanentes hay que generar nuevas metodologías de diálogo, de innovación en el desarrollo y de negociaciones asertivas entre empresas y comunidades. La prueba más palpable de que esto es posible se encuentra en el caso de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en donde se logró la firma de un acuerdo de paz que en abril fue ratificado por las comunidades. Su implementación se ha demorado a causa de tardanzas burocráticas que deben ser subsanadas antes de que la historia se repita.