Las restricciones sanitarias ampliadas tenían una visible justificación epidemiológica, pero su comunicación, la noche del miércoles, dejó abiertas algunas preguntas sobre alcances y excepciones. Vino una fuerte afluencia a mercados, tiendas y cajeros automáticos en centros urbanos, pero también surgieron, lamentablemente, algunos focos de descontento en Totonicapán, Quiché y Sololá, en donde se instalaron bloqueos viales para reclamar por la prohibición para el transporte de verduras hacia los mercados.

Ninguna figura gubernamental salió a aclarar taxativamente, por tres días, la validez o no de tal veda. Ayer se difundió, por redes sociales, un memorando de la Policía Nacional Civil, con fecha 16 de mayo, el cual ordena que se permita el paso a los productos agrícolas. Tales ambigüedades son un desgaste en tiempos de tensión y precariedad como el que viven tantos guatemaltecos. Mucho peor es el juego burocrático de tirarse la bolita entre supuestos encargados de comunicación oficial, quienes refieren a otras dependencias, al despacho del ministro o a la Presidencia, en una dilación que afecta a los objetivos sanitarios del propio Gobierno.

Los bloqueos efectuados por pobladores debieron ser abordados inmediatamente por la Comisión Presidencial de Diálogo, a fin de evitar el enfrentamiento con la Policía ocurrido el sábado en San Francisco El Alto. Los contratos de mediadores y delegados departamentales de dicha comisión fueron rescindidos en febrero, pese a que varios de ellos estaban certificados a nivel internacional. Ayer, finalmente, intervino en Totonicapán la Unidad de Prevención de la Violencia Comunitaria del Ministerio de Gobernación, para encontrar una solución pacífica, aunque evidentemente tardía.

En este espacio se ha sugerido la instalación de un sistema permanente de diálogo con diversos sectores del país, no para tener aprobación unánime sino para evaluar escenarios de acción, reacción y respuesta. Debe ser un verdadero ejercicio de inteligencia estratégica, social, política y comunicacional, una labor vital que debería desempeñar la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. En el sitio digital de esta dependencia hay un informe de riesgos del 2020 que solo tiene dos párrafos bastante generales sobre el peligro de “epidemias”, con un indicador infográfico que lo califica de “probable” y de impacto “medio o moderado”. No menciona el covid-19 específicamente.

Es claro que las medidas contra la propagación del virus deben continuar, pero también debe asegurarse el acceso de productos agrícolas a los mercados. En la actual coyuntura ya no solo es cuestión de dejar pasar los camiones con verduras, frutas y legumbres, puesto que los cortos horarios de los mercados limitan su venta. Comerciantes han tenido que tirar a la basura o regalar sus vegetales, lo cual les acrecienta las pérdidas. Ahí es donde entra el papel de ministerios como el de Economía, para proponer mecanismos de venta alternativa de estos alimentos, imprescindibles y cuya pérdida constituye una ironía en un país con tan altos niveles de desnutrición. De hecho, también podrían ser adquiridos para beneficiar a familias en áreas de riesgo alimentario.

Es bueno llamar a la unidad nacional para luchar contra la pandemia, pero tal unidad debe reflejarse también en el abordaje institucional integral. Si no ha sido posible agilizar los programas de asistencia social, se debe al menos evitar generar innecesarias dificultades para sectores que luchan por sobrevivir, pero cuyo malestar puede ser aprovechado por oportunistas advenedizos.