Importantes sesiones plenarias del Congreso de la República, máximo foro de representación de la ciudadanía, han estado vedadas, he aquí la paradoja, a los ciudadanos. Se colocan barricadas, se despliegan contingentes policiales -que bien podrían estar prestando servicio de seguridad en áreas que sí lo necesitan-, se arman anillos de seguridad en varias cuadras y se restringe el paso. Fue en el período anterior de Gobierno que se estableció esta práctica de facto para evitar cualquier forma de presión popular sobre los diputados, en especial aquellos pertenecientes al anterior pacto oficialista.

La actual alianza oficialista ha copiado el pésimo ejemplo de vedar el acceso de la población a una instalación pública que le pertenece hasta los cimientos; es decir, el Palacio Legislativo. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en la agenda nacional de desarrollo y reactivación económica, pero, eso sí, el Congreso fue escenario de una atropellada componenda para elegir la directiva del 2021 por adelantado. Allí mismo, en ese hemiciclo, ha sido relegada la elección, a viva voz, de magistrados de la Corte Suprema y salas de Apelaciones. Existe el rumor a voces de que los apoyos de la directiva amarraban una lista ya pactada para las cortes y luego el Presupuesto 2021. De ser cierto, es posible esperar un nuevo aparato de bloqueo y represión instalado alrededor del Palacio Legislativo.

Se podrán argumentar razones de seguridad para los diputados o cualquier justificación para tales prácticas autoritarias, aunque más parece un país de mediados de la década de 1970 que una auténtica democracia, como la que elogiaba con afán el presidente del Legislativo Allan Rodríguez al festejar los 107 votos que le valieron su reelección.

Por eso mismo resultó sospechoso ayer, que una manifestación de supuestos exmilitares en busca de pagos por sus servicios, anunciada desde el viernes, tuviera calle libre para plantarse frente al Congreso. Hasta fueran recibidos por integrantes de la directiva, quienes no alegaron presión ni señalaron coacción para comprometerse, con suma solicitud, a empujar una iniciativa de ley denominada “de dignificación”, que no es prioritaria ni urgente y no sería necesaria si el Congreso abordara una agenda integral de desarrollo. La escenificación fue un simple y llano clientelismo, pues ese mismo grupo amenazó con sabotear las elecciones en 2019, cuando llegaron a la 9a. avenida y los salió a recibir, enfundado en promesas, el entonces diputado y candidato oficialista Estuardo Galdámez, prófugo desde hace seis meses.

Es manido el reclamo de pagos nunca convenidos, por servicios militares que, se suponía, eran patrióticos y por lo tanto no sujetos a remuneración. Tal pretexto surgió en 2002 cuando grupos de supuestos expatrulleros de autodefensa civil bloquearon rutas y aeropuertos para exigir una cifra dineraria, justo en el año previo en que el general Efraín Ríos Montt, ya fallecido, se lanzara como presidenciable del gobernante partido FRG. Se les ofreció un resarcimiento -con obvia visión clientelar-, pero el general perdió la elección.

En todo caso, se trae a colación la protesta de ayer porque así como se les permitió plantarse a los autodenominados exmilitares frente al Legislativo, se debe permitir y garantizar el derecho a la libre expresión de cualquier grupo ciudadano. No puede haber una democracia para reelegir directiva y otra para ocultar sesiones de interés nacional. De manera que el Congreso debe elegir ya, de viva voz, sin contubernios, y dejarse fiscalizar por quienes lo eligieron.