Ayer se comprobó una vez más la vocación artera de la alianza oficialista al aprobar en sesión extraordinaria, sin mayor discusión ni fijación de controles, un discrecional aval para trasladar al 2023, año electoral, fondos de proyectos no ejecutados o inconclusos en el presente ejercicio fiscal. El pretexto manido es completar la ejecución de obras a cargo de municipalidades y comités de desarrollo, pero el fin obvio es legalizar la campaña de reelección de alcaldes con recursos públicos, con las presiones que estos puedan ejercer sobre sus comunidades a cambio de votos.

Es penoso comprobar que la actual presidenta del Congreso no refrenda los párrafos religiosos citados durante su toma del cargo, los cuales entrañaban sustratos éticos y compromisos morales para el desempeño público. El impulso de la transparencia, de la calidad del gasto de fondos públicos y la primacía de la dignidad de los ciudadanos más necesitados fueron sustituidos —mediante iniciativa suya— por voluminosas transferencias sin candado, permisos tácitos para el retraso de obras electoreras y el desfinanciamiento de programas contra el hambre y la inseguridad alimentaria.

La ley establece períodos de ejecución para poder calcular y formular el presupuesto del año siguiente, pero sobre todo para que los encargados de la administración pública rindan cuentas sobre el uso del erario. La arbitraria extensión del período de validez de ejecución de fondos del presupuesto 2022 para Comités Departamentales de Desarrollo abre un riesgoso espacio al descontrol, a la ineficiencia y a la discrecionalidad. Es de esperar que la Contraloría General de Cuentas interponga desde ya los recursos legales necesarios contra este despropósito.

Es verdad que desde hace años se ha planteado la necesidad de asegurar el seguimiento de obras y su conclusión satisfactoria, pero esta excepción anómala no es la vía debido a su inaplicabilidad sistemática. Sería absurdo que después de aprobado cada presupuesto subsiguiente tuviera a medio año necesidad de un decreto hechizo para extender la ejecución más allá del período de vigencia. Es lamentable la incapacidad crítica en las bancadas plegadas al oficialismo, las cuales más temprano que tarde van a querer venderse y hasta regalarse como opositoras.

La historia demuestra, además, que la población tiene un ojo agudo y plena memoria de los incumplimientos de funcionarios, ya sean diputados distritales o alcaldes. No hay puente peatonal, cancha polideportiva o chorro de agua que pueda disfrazar los problemas desatendidos o la falta de respuesta a necesidades de desarrollo relegadas en favor de otras agendas. En el caso de los legisladores es evidente desde ahora la responsabilidad sobre el abandono del auxilio a las poblaciones en riesgo alimentario, la desatención a la prevención de desastres climáticos, el doloso silencio cómplice ante la falta de elección de nueva Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, el dispendio de dinero en opíparos almuerzos, costosos viáticos e infladas cajas chicas de los aliados oficialistas.

Tampoco hay que olvidar la transferencia de Q3 mil 190 millones a proyectos viales oscuros o inexistentes a cargo del Ministerio de Comunicaciones. La piñata está suelta y hay demasiados palos de contratistas allegados. Siguiendo el símil, no faltarán las sorpresas sobre mala calidad de materiales o pésima ejecutoria, tal como ocurrió con el badén del río Petapilla en la ruta Zacapa-Chiquimula.