Pídanles a los actuales diputados que armen sesiones ociosas para cobrar dietas, que urdan acuerdos bajo la mesa para el particular beneficio del pacto oficialista, que juramenten como magistrados a personas que no reúnen las calidades requeridas o que legislen para debilitar los controles de cuentadancia en el Estado y muy probablemente lo harán con toda celeridad. Así han actuado en 20 meses, para lo cual han recibido la colaboración, por turnos, de supuestos opositores que se pliegan a conveniencia.

De manera aislada, a cuentagotas, casi por casualidad, han podido pasar algunas de las leyes requeridas para la agenda de reactivación económica e impulso de la competitividad nacional, pero así como no se puede echar a andar un camión con tres ruedas, tampoco pueden presumir de haber dado un gran aporte a la estructura productiva del país, pues todavía faltan normativas que llevan mucho tiempo engavetadas, en discusiones anodinas o incluso pendientes de ser incluidas en alguna plenaria para servir de parche o táctica dilatoria cuando la coyuntura lo hace necesario.

Esa situación no hace menos importante el llamado de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas para que el Congreso conozca, discuta con seriedad y apruebe la ley de competencia, como un engranaje fundamental para poder crear mejores condiciones a fin de potenciar el surgimiento de nuevos actores en el mercado, atraer inversiones generadoras de empleo y favorecer a los consumidores con una mejor dinámica de oferta y demanda. En lugar de hablar de precios tope o de manipular las mediciones del costo de productos, el Estado bien podría facilitar las condiciones de competencia eficaz.

Por otra parte, se trata de un compromiso vigente en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. A escala centroamericana, Guatemala es el único país que no tiene una normativa que evite configuraciones monopolistas u oligopolistas, lo cual pone al país y a los consumidores en franca desventaja y sin poder acceder a mejores propuestas de servicios y productos.

Existe una iniciativa en el Congreso que simplemente se quedó varada. La creación de una superintendencia para velar por la sana competencia entre empresas era uno de los puntos más novedosos y polémicos. Según la misma Cámara, en el Ministerio de Economía se analiza la posible presentación de otra iniciativa que no contempla la creación de un organismo descentralizado, lo que consideran inaceptable, ya que dejaría a la norma sin capacidad institucional coercitiva. Otra propuesta es regresar la iniciativa actual a la Comisión de Economía, para una supuesta actualización y adaptación a las condiciones del mercado guatemalteco, lo cual se podría hacer en la discusión de pleno, tal como ha ocurrido con otras normas.

En este rezago pesa la inexperiencia y la falta de formación a nivel universitario de muchos legisladores, que no llegan a dimensionar la importancia de una normativa de este tipo, como tampoco comprenden la necesidad de una nueva ley de infraestructura, de una nueva ley de servicio civil, de una nueva ley de autoridad portuaria, de una nueva ley de comercio exterior, de una nueva ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos. Pero pídanles a muchos de ellos que vayan a hacer campaña anticipada, a escenificar supervisiones intrascendentes o a repartir uniformes de futbol con logos partidarios y lo harán con fruición, aunque sea ilegal.