La pandemia ha puesto a prueba a los sistemas de salud, a los gobernantes, a los ciudadanos. La prioridad sanitaria ha obligado a un acelerado replanteamiento de los sistemas de atención de Salud y los efectos económicos conllevarán una reconstrucción de estrategias nacionales. En muchos sentidos se ha afirmado que el mundo no volverá a ser el mismo después de la coronacrisis, pero si acaso el fin de paradigmas previos obliga a generar nuevos modelos de productividad comercial e industrial, ¿por qué no debe ocurrir lo mismo con el Estado?

Se ha conformado un equipo del Ejecutivo para identificar los aspectos del gasto que son susceptibles de ahorro, como parte del plan de contención anunciado por el presidente. Se evalúan las prioridades de atención médica, alimentaria, agrícola y de seguridad, en tanto que otros rubros quedan en la criba para definir el marco en el cual deberán continuar los otros dos tercios del año. No es un trabajo sencillo, puesto que existen en el país emergencias de alto impacto, tal como los voraces incendios que consumen la Biosfera Maya y cuyo combate debe ser apoyado enérgicamente. Lo mismo puede decirse de los planes de rescate del turismo o el refuerzo a los programas de educación a distancia.

Es el momento justo para que el Gobierno tome el apoyo de universidades y centros de análisis que a lo largo de décadas han propuesto planes de eficiencia en el aparato burocrático sin perder su deber constitucional. Son tiempos extraordinarios que necesitan de medidas extraordinarias, pero no solo disposiciones temporales: esta crisis es el momento para emprender la transformación del Estado de Guatemala, comenzando por la formulación de una nueva ley de servicio civil que ataje el clientelismo y el tráfico de favores.

El asunto no abarca solo al Gobierno central sino también al Congreso, en donde el uso antojadizo, dispendioso y discrecional de los fondos públicos se ha convertido en una vergonzosa secuencia, período tras período, al punto de convertir la Junta Directiva y las presidencias de comisiones en codiciados botines que acarrean una cauda de plazas para allegados, compras de comida, pago de parqueos y gastos de representación, viáticos, vehículos y, últimamente, hasta una ducha portátil con sistema jet, cuya instalación en un área del Palacio Legislativo es un insulto para los guatemaltecos que hoy están en las calles implorando algo de comida porque las restricciones preventivas los han dejado sin la oportunidad de ganarse ese sustento.

Tanto esta como otras normativas necesarias para la transmutación del aparato estatal deben pasar por las manos de los diputados, entre los cuales quizá haya algunos con integridad y buenas intenciones, así como también los hay indolentes, repitentes y hasta aprendices que en el discurso hablan de transparencia y servicio, pero cuyas acciones incoherentes caen por su propio peso.

El presidente Giammattei se topó con una crisis global de salud inesperada, pero así mismo de inesperada es esta oportunidad para reconvertir el Estado, algo que los gobernantes anteriores no tuvieron el valor o el interés de emprender. El país está en un punto crítico, pero esto provee una coyuntura única para trazar un camino guiado por la aspiración de calidad y competitividad institucional. Cualquier otro intento de aprovechamiento de la tragedia económica que algunos políticos intentan con propuestas tardías -que bien pudieron hacer años atrás-, solo es una burla para la agonía que ya padecen miles de guatemaltecos.