El lamentable deterioro de la salud del magistrado Neftaly Aldana obligó finalmente a que el pleno de la Corte de Constitucionalidad, de la cual formaba parte como titular nombrado por la Corte Suprema de Justicia, declarara su cesantía en el cargo, no sin antes agotar el proceso de verificación legal para constatar la imposibilidad de continuar en el desempeño del mismo.

Si bien transcurrieron poco más de dos semanas para llegar a esta medida, fue notorio el encendido reclamo de algunos sectores para que la misma se produjera con mayor inmediatez; sin embargo, tras fallos de conexión, polémicas entre magistrados y el tiempo propio del procedimiento, la continuidad institucional se hace viable a seis meses del final del período de los actuales magistrados. La notoriedad obedece a que para otros rezagos mucho más significativos, como el de la elección de magistrados de CSJ y salas de Apelaciones los pronunciamientos son menos vehementes e insistentes, como si existiera un doble rasero o alguna conveniencia en alargar de hecho el período extra de los actuales togados.

Como máximo tribunal del país, la CC tiene un papel vital, protagónico e insustituible en el ordenamiento jurídico del país, en la garantía de derechos democráticos y el respeto de los preceptos marcados por la Carta Magna. Por ello es de tanta importancia la visita del nuevo embajador de Estados Unidos, William W. Popp, a pocos días de la aceptación de cartas credenciales y justo en la fecha en que la controversia por la cesantía de Aldana volvía a tener nuevos cruces de culpas. Es, pues, una llamativa coincidencia el hecho de que por la mañana corrieran denuncias y por la tarde se resolviera el asunto de la manera más lógica.

La continuidad institucional es una responsabilidad de primera línea que no siempre es atendida de la manera más ágil. Ejemplo de ello es que la CC carece ahora de magistrados titular y suplente por parte de la CSJ. Uno era Aldana y el otro, la actual fiscal general Consuelo Porras, respectivamente. Ella renunció para tomar la titularidad del Ministerio Público y si bien la CSJ designó a un sustituto, lo hizo sin llevar a cabo una convocatoria pública, por lo cual la CC rechazó el nombramiento de manera provisional. Se emitió fallo definitivo casi dos años después, cuando ya hacía falta otro titular, el magistrado Bonerge Mejía, quien falleció por covid-19, designado por el Colegio de Abogados, entidad que no ha lanzado convocatoria para elegir sustituto. Lo mismo ocurre con la CSJ, que debe nombrar titular y suplente para un semestre. Este factor temporal, sumado a la situación de la pandemia, pueden desalentar la participación de aspirantes.

Por otra parte, ahora que ya el oficialismo consiguió articular un pacto de 107 votos, incluyendo a supuestos opositores de la UNE, para asegurar la junta directiva del Congreso, se va aclarando el panorama de cruce de apoyos y confluencia de intereses, en un quid pro quo que permite avistar cada vez con más certeza, la existencia de un listado prefabricado de magistrados para la CSJ y también para las salas de Apelaciones -un botín de influencia, sobre todo de cara a procesos judiciales por corrupción, financiamiento ilícito y otros delitos-. Eso sí, para dar su apoyo a cada magistrado, los diputados deben hacer un sacrificio adicional: dar la cara y manifestar de viva voz su apoyo, en una sesión que debe ser pública, abierta a la prensa independiente y en especial a la ciudadanía. Es decir, no rodeada de contingentes policiales que solo revelan contubernios a espaldas de la población.