EDITORIAL
Contra el hambre urge una visión de Estado
Casi parece que se acicatea el hambre para continuar el ciclo vicioso de dependencia y caudillismos.
Mientras el ciclo de la inseguridad alimentaria vuelve a dar otra vuelta feroz, más de tres millones de guatemaltecos se ven amenazados, especialmente en la región llamada Corredor Seco. La extensión de tal área se ha expandido a causa de la irregularidad en el régimen de lluvias, la consiguiente pérdida de cosechas de granos y legumbres, la caída en las cifras de empleo rural, la insuficiencia de programas de auxilio alimentario suficiente y la inconstancia en la inversión pública para prevenir los impactos de la carencia de agua domiciliar y agrícola.
El problema es mayúsculo, porque amenaza a poco más de tres millones de guatemaltecos, una sexta parte de la población, de los cuales buena parte son niños y adolescentes que se ven privados de los nutrientes necesarios para el crecimiento corporal y el desarrollo neuronal. El gobierno de turno comienza a cargar ya con la responsabilidad de trazar soluciones paliativas, pero también de largo plazo ante esta crisis cíclica y creciente. Las malas cosechas de maíz y frijol en el 2023, que son la base alimentaria fundamental de miles de familias, las han dejado con muy pocas reservas para la actual estación seca. El efecto de El Niño hace incierta la llegada de las esperadas lluvias de mayo y el desarrollo de un invierno suficiente.
La opción ante ese panorama es, desde hace décadas, la implementación de tecnologías de riego, eficientes y sostenibles. Por extrañas y burocráticas razones, tales programas han avanzado muy poco y tienen escasa cobertura. Por ello es positiva la iniciativa de una Política Nacional de Riego, recientemente lanzada, que buscaría dotar de tal recurso a miles de familias campesinas. Lamentablemente, está atada a estudios, procesos de adquisición e implementación, disponibilidad de recursos, así como también de agua.
Es insoslayable que existen múltiples proyectos de ayuda y recuperación alimentaria impulsados por la iniciativa privada. Se trata de importantes inversiones de responsabilidad social, que llevan incluso décadas en marcha, por lo cual pueden ser importantes referentes para la implementación de nuevos planes. La información proveniente de estos esfuerzos debería tener una vía de recopilación —quizá ya existe—, aunque a la fecha no se tienen resultados tabulados que unifiquen los impactos positivos. No se trata de centralizar, ni mucho menos de poner trabas tramitológicas, sino simplemente de poner en común las prácticas exitosas.
Desde el lado político, es simplemente perverso el aprovechamiento clientelar que se hace de la pobreza de las comunidades. Casi parece que se acicatea el hambre para continuar el ciclo vicioso de dependencia y caudillismos. Un ejemplo lamentable es el proyecto Crecer Sano, financiado por el Banco Mundial, cuyos recursos iban a proyectos de agua, salud y provisión de nutrientes para la niñez. En el gobierno pasado, parte de sus fondos se utilizaron para fines ajenos, una desfachatez. Lo que se haya logrado debe tener el seguimiento debido. El 31 de enero venció el plazo de desembolsos, y para que haya una extensión, debe ser solicitada. Finalmente, no se puede tratar la inseguridad alimentaria con un enfoque de Estado si el Congreso no da muestras de seriedad y coherencia ética. Están a la vista de todos los ciudadanos el actual alboroto de protagonismos vacuos, ambiciones desaforadas, politiquería barata y hasta saboteos al Ejecutivo por animadversión política. Se enarbolan discursos nacionalistoides y poses de defensa del interés común, pero se trata de personajes que en el anterior período pudieron hacer mucho y no hicieron nada contra el hambre, excepto la de algunos aprovechados que les gusta comer gratis en el hemiciclo.
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