Resulta curioso que ciertos personajes que ahora reclaman el supuesto fraude no hayan acudido a las instancias de justicia correspondientes, sino que amaguen con una exigencia de nulidad que aún está en análisis o proponen que la Procuraduría General de la Nación sea la que corra con el desgaste de tal acción que en estos momentos, sin evidencias concretas, no solo sería espuria, sino maliciosa, dado que aún no se agotan los mecanismos fijados en la Ley Electoral para esta clase de situaciones.

El cotejo entre los votos consignados en las actas de las juntas receptoras y los registrados en el sistema digital es el camino lógico, legalmente establecido, para evaluar y resolver dudas, inconsistencias o casos de cifras consignadas de forma inexacta, un proceso totalmente normal en toda democracia y que en Guatemala ha sido usado para definir controversias de anteriores procesos electorales.

Una cuestión muy aparte es que determinados grupos, curiosamente de extremos opuestos en el espectro político, que no lograron los resultados esperados en las urnas, hayan sido los primeros en vociferar la imprudente idea de un fraude, una acusación muy delicada y que incluso puede llegar a ser constitutiva de delito si entraña un ataque a los fundamentos constitucionales y un irrespeto a la institucionalidad. De hecho, las personas que se constituyan en corifeos de tal infundio deberían tener mucha más cautela en sus declaraciones, pues de no estar fundamentadas en evidencias y de no mediar una denuncia formal ante el Ministerio Público, pueden incurrir, consciente o inconscientemente, en el delito de incitación pública, y en materia legal no se puede alegar ignorancia de la ley.

Todo ciudadano, candidato, organización política o entidad jurídica tiene total derecho de reclamar transparencia en los procesos electorales, a exigir un cotejo de los datos consignados en las mesas de votación con los reportados en el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral e incluso a deducir las responsabilidades civiles o incluso penales si se llegara a detectar negligencia, irresponsabilidad o dolo en tal manejo de información pública sensible.

Resulta curioso que ciertos personajes que ahora reclaman el supuesto fraude no hayan acudido a las instancias de justicia correspondientes, sino que amaguen con una exigencia de nulidad que aún está en análisis o proponen que la Procuraduría General de la Nación sea la que corra con el desgaste de tal acción que en estos momentos, sin evidencias concretas, no solo sería espuria, sino maliciosa, dado que aún no se agotan los mecanismos fijados en la Ley Electoral para esta clase de situaciones. Además, tales personajes tienen un claro conflicto de interés, dada su derrota en las urnas.

El propio Ministerio Público efectuó durante el evento electoral un vasto despliegue de fiscales a escala nacional para detectar cualquier indicio de ilícitos. Prácticamente no había centro de votación que no tuviera presencia del MP, y de haber existido cualquier irregularidad era el momento de hacerlo constar. Hubo algunas denuncias, pero no se trató de un fenómeno masivo, lo cual constituye un argumento más para recomendar cordura a quienes propugnan la idea de fraude.

El sistema político electoral de Guatemala necesita diversas mejoras para transparentar la función de los partidos políticos, facilitar la participación ciudadana y para promover mayor representatividad, pero así como puede tener defectos también posee grandes cualidades, entre ellas la conformación ciudadana, apolítica, de las juntas electorales, receptoras, municipales y departamentales, lo cual ya constituye en sí mismo un candado contra cualquier injerencia, pero además hay que tomar en cuenta que muchos de los voluntarios de estas elecciones llevan dos, tres o más procesos electorales de experiencia. Inducir otro tipo de ideas que soliviantan los ánimos obedece ya a aviesos intereses que se alimentan del desasosiego y la desconfianza. La cordura y la institucionalidad deben prevalecer.