EDITORIAL
Corre y va de nuevo la ley de aguas
Es necesario desde hace décadas un marco regulatorio para el vital líquido en el país.
Después de 20 proyectos fallidos de iniciativa de ley de aguas que se han quedado engavetados a causa de pocos consensos, resulta esperanzador el inicio de una convocatoria para la discusión multisectorial sobre el manejo de este recurso natural crítico en todos los órdenes: social, industrial, comercial, ambiental y de salubridad. Sin embargo, los mismos antecedentes generan dudas sobre las posibilidades reales de avance de la veintiúnica propuesta que aún está por trazarse.
Es necesario desde hace décadas un marco regulatorio para el vital líquido en el país, tanto para su aprovechamiento como para la conservación de fuentes. Ya existen algunas regulaciones sobre el tema, como la Ley para el Manejo de Aguas Servidas, que sigue siendo letra dormida, por no decir muerta, en lo referente a las obligaciones de las autoridades, especialmente ediles, en el tratamiento de desagües. Este año ha sido testigo de la resistencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), presidida por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, a construir plantas de tratamiento.
La Corte de Constitucionalidad aportó una descarga de agua sucia al problema al suspender, el 31 de mayo último, varios artículos de la Ley de Tratamiento de Aguas, a pedido de la Anam, con lo que entorpeció la entrega de proyectos de plantas de tratamiento. ¡Como si asegurar un recurso vital para la vida de los ciudadanos no fuera una garantía constitucional preeminente! Vaya necedad. Allí radica uno de los desafíos de la nueva discusión: encontrar puntos torales de necesidad ambiental para crear una normativa funcional, efectiva y que no tan fácilmente pueda ser objeto de socavamientos legales o seudolegales. Quizá se pueda acortar camino al actualizar una de las dos iniciativas con dictamen favorable.
Es absurda e injustificable la resistencia de los alcaldes a asegurar la protección del mismo recurso que prometen repetidamente en campaña electoral. Ofrecen servicio de agua a las comunidades y en su miopía o incapacidad creen que solo se trata de abrir pozos. La crisis del cambio climático, los impactos continuados y crecientes de la deforestación, así como la contaminación de riachuelos y manantiales otrora pristinos, pone en peligro el abasto del líquido, incluso para comunidades que aún lo tienen.
Más del 85% de cuerpos de agua en el país se encuentran contaminados y la indolencia ante esa práctica prosigue. Vaya a ver cómo siguen llegando los desagües al lago de Atitlán, cuya belleza natural genera alimento, trabajo y oportunidades de desarrollo para miles de personas de la industria turística, transporte, alimentación y hotelería. Pero sigue recibiendo a diario toda clase de miasmas… por decirlo de una forma comprensible. Y si así ocurre con una de las “joyas” de la corona, ¿quién responderá por aquella quebrada o laguna de una zona rural que es explotada para extraer agua para propiedades privadas o incluso para ser vendida en cisternas?
Y allí radica otro desafío: existen comunas y proveedores de agua que se han convertido en socios de un jugoso negocio basado en la sed y la necesidad de higiene diaria. Pero no hay ley y tal amasiato de intereses figura dentro de los hilos que han saboteado el avance de iniciativas. La ley de aguas urge desde hace décadas. Guatemala es el único país centroamericano sin esta regulación y los encargados de trazarla, es decir sucesivas camadas de diputados al Congreso, se han hecho los desentendidos e incluso simulan polémicas o denuncian “inconstitucionalidades” para frenar la certeza jurídica de un bien público.
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