La mediocridad y el cortoplacismo de ciertos políticos, la miopía de algunos sectores varados en el siglo pasado —y otros en el antepasado—, así como la infiltración, primero subrepticia y luego descarada, de dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen organizado en partidos políticos han trastornado la administración publica de los países del Triángulo Norte a tal punto de que las prioridades lógicas del desarrollo humano han sido relegadas en favor de agendas nebulosas que ocultan andamiajes de clientelismo, trasiego de favores y corrupción en el manejo del erario.

Las consecuencias están a la vista: migración masiva, silenciosa la mayor parte del tiempo y de cuando en cuando visiblemente acrecentada en forma de caravanas. Algunos gobernantes estultos intentan restarles importancia al señalar que se trata de conspiraciones urdidas por opositores, argumento con el cual no solo confirman la ineficiencia de su gestión, sino que confieren a sus adversarios una convocatoria que no poseen en realidad.

Desde hace dos décadas se observa en Guatemala una alternancia de gobernantes, partidos y legislaturas que dicen querer lograr resultados distintos a través de repetir las mismas acciones: un círculo vicioso que solo ha producido mayor endeudamiento, mayores desfalcos, estancamiento de indicadores de educación, salud e infraestructura, falta de competitividad a causa de la burocratización enfermiza y una constante búsqueda de impunidad a través de pactos. Los opositores invariablemente vociferan su condena a tales alianzas de turno, pero cuando alcanzan cargos emprenden la misma jugarreta, sin respeto alguno a la ciudadanía.

Los escenarios dantescos planteados en la década de 1990 se han quedado cortos. En aquel momento se advertía sobre los riesgos que enfrentaba el país de no emprenderse una transformación del Estado, una depuración de los poderes públicos y una aplicación objetiva de las leyes, sobre todo las referentes a la probidad de los funcionarios de todo nivel. Tres décadas de democracia han bastado para que personajes señalados de delitos, traficantes de influencias e incluso exconvictos por narcotráfico se paseen orondos por el Congreso, una situación que no es exclusiva de Guatemala, pues el juicio contra un narcotraficante hondureño desnuda la triste realidad de la hermana nación.

Mientras tanto, las oleadas de jóvenes, niños y familias completas continúan su desbandada con rumbo al Norte, hacia un sueño incierto que para muchos ha terminado en muerte, discapacidad o deportación con mayor pobreza que antes de irse. Se van obligados por la miseria, porque creen no tener nada que perder y porque el sistema exhibe la impunidad de los aprovechados, de los allegados y hasta de los violentos.

La iniciativa de una fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte impulsada por EE.UU. a través de una misión de alto nivel, surge en un contexto adverso pero puede abrir paso a una mayor certeza de castigo para malversadores, negociantes de influencias y cómplices furtivos de criminales organizados. La clave está en la ruta del dinero, en la persecución del financiamiento ilícito y en la continuidad de los métodos especiales de investigación. La colaboración del Gobierno y del Ministerio Público es clave para mantener incólume la soberanía, a fin de que no se use de pretexto, como ocurrió en el período anterior, cuyos rezagos, fiascos, impertinencias y hasta millonarios proyectos de mala calidad están hoy en elocuente perspectiva.