El escándalo de sobornos de la infame firma brasileña Odebrecht salpicó a cinco expresidentes peruanos, incluyendo a Alejandro Toledo (2001-2006), un tecnócrata a quien se atribuye el milagro de crecimiento económico, pero que en el 2016 fue señalado de haber recibido sobornos de hasta US$20 millones para otorgar obras a dicha constructora. No solo él, también su sucesor, Allan García (2006-2011), fue señalado, pero se suicidó para evitar ser capturado; luego, Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Martín Vizcarra (2016-2021) también fueron vinculados con actos de corrupción.

El miércoles 7 de diciembre fue destituido el presidente Pedro Castillo, quien apenas asumió en julio del 2021, debido a que fue sometido a un juicio político parlamentario por señalamientos de tráfico de influencias y de haber utilizado el cargo en beneficio propio. Castillo, un ex dirigente magisterial, declaró la disolución del Congreso para frenar lo que él consideró un sabotaje a su mandato, pero la mayoría opositora lo destituyó a él al declarar “vacancia presidencial por incapacidad moral”, y llamó a la vicepresidenta Dina Boluarte a asumir el cargo.

Como si se tratara de una especie de deja vu político, el fallido autogolpe de Castillo recuerda otra maniobra similar, concretada  por el presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, quien declaró disueltos el Congreso e intervino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría, y ordenó arrestos de opositores. Durante su gobierno (1990-2001) se cometieron ejecuciones extrajudiciales por las cuales el exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009. El presidente guatemalteco Jorge Serrano trató de emular el “Fujimorazo”, el 25 de mayo de 1993, pero fracasó.

La sucinta relación anterior  exhibe cómo siete presidentes peruanos de distintas líneas ideológicas se encuentran sentenciados o bajo procesos judiciales. En el caso más reciente, Castillo acusa a la oposición derechista de haber torpedeado su gestión desde el primer día y, en todo caso, cedió a la tentación de una hipotética autocracia para librarse de la persecución. Poco ayudó su actitud intolerante ante las protestas de camioneros y sectores populares por el alza del costo de vida en el último año, discurso que intentó atenuar cuando ya era tarde. Cabe señalar que el Congreso peruano enfrenta un mayor desgaste y desconfianza ciudadana que el ahora exmandatario Castillo, sobre todo tras la revelación de audios comprometedores sobre tráfico de influencias y presiones contra jueces.

La presidenta Boluarte tiene ante sí un panorama de polarización, desgaste y malestar ciudadano por el deterioro del poder adquisitivo. Estará a prueba su temple para poder convocar a un compromiso sostenido de actores políticos. Su principal adversaria será Keiko Fujimori, la hija del expresidente, quien perdió los comicios contra Castillo. No obstante, este momento puede ser el punto de inflexión para recuperar prioridades de Estado, atender necesidades sociales y evitar la radicalización de posturas.

Perú es una potencia industrial de Sudamérica y, a pesar de los contrastes, mantiene uno de los productos internos más sólidos del continente. Es la clase política la que le ha fallado repetidamente, al dejarse corromper por contratistas, priorizar conveniencias sectarias y pretender imponer despotismos improcedentes, duras lecciones que el pueblo peruano sufre en carne propia en una larga crisis cuyo desenlace aún no se avizora.