El costo de la ineficiencia burocrática tarde o temprano golpea la competitividad del país, las estrategias de avance empresarial y también los planes personales que se ven entorpecidos a causa de laberínticos trámites que a estas alturas de la historia, con los avances tecnológicos existentes, ya deberían ser una cuestión superada. La lentitud de procesos a cargo de entes estatales puede deberse a incapacidad o negligencia de quienes se desempeñan en cargos, la falta de protocolos institucionales actualizados e incluso por deliberadas dilaciones que obedecen a agendas de corrupción continuada.

Los ejemplos recientes de parsimonia en el actuar estatal son notorios, lo cual constituye un serio desafío para todas las autoridades de los poderes del Estado. Por ejemplo, se acaban de cumplir 15 meses de aplazamiento en el relevo de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, sin que el Congreso agilice las nominaciones de aspirantes. No es su único adeudo: la agenda de reactivacion económica, la ley de Aguas o una nueva ley de Servicio Civil siguen relegadas.

En el caso del Ministerio Público todavía no hay un solo anuncio de resultado sobre la investigación de los bochincheros, supuestos manifestantes, que en noviembre incendiaron dos ventanas del Congreso, el cual tiene desde entonces una conveniente valla de lámina. Ni una palabra sobre la identidad de los vándalos, aunque una situación similar ocurre con algunas peticiones de desafuero.

El Ejecutivo no se queda atrás y la más destacada de sus parsimonias es la compra de vacunas, cuyas conversaciones con proveedores al parecer comenzaron a fines del 2020 pero nunca se concretaron, ya sea por falta de coordinación, incuria o un hipotético interés contradictorio. Las donaciones de países amigos ayudaron a reducir la presión, pero es obvio el destiempo con el cual se oficializaron los pedidos. Tampoco hay todavía consecuencias para los responsables de este retraso. A final de cuentas, es la ciudadanía la que padece por tales negligencias.

Otro elocuente caso de lentitud que cada día ocasiona pérdidas financieras es el del Registro de la Propiedad Inmueble, entidad a cargo de validar y escriturar las adquisiciones de terrenos, viviendas y toda clase de bienes raíces, un dinámico mercado que ha contribuido a sostener la economía, a pesar de la pandemia, mediante la generación de empleos. No obstante su importancia, hoy existe una presa de casi Q1 mil millones en inmuebles pendientes de validación e inscripción.

A diario se pueden observar largas filas de usuarios en la sede de este servicio estatal, que pese a su carácter clave para la competitividad no ha podido ser modernizado ni descentralizado. Todavía atiende en horarios que más parecen de la década de 1950. Otro problema es la discrecionalidad de los registradores, que con frecuencia evalúan expedientes con juicios contradictorios y esto lleva a un absurdo número de repeticiones del mismo trámite, tal como si se tratara de una ficción kafkiana.

Ningún gobierno ha procurado la mejora técnica a largo plazo del Registro. Han colocado a alfiles obedientes con aviesos fines o en todo caso a figuras anodinas que solo dan continuidad a modelos anacrónicos que condenan al país a la pérdida de oportunidades productivas. Es tiempo de hacer cosas diferentes para tener resultados mejores.