El día en que lo iban a cocinar bajo la modalidad de proveedor único, el concurso para adjudicar el contrato de cartillas de pasaportes recibió no una sino dos ofertas, lo cual obligaba a una licitación. Sin embargo, el Instituto de Migración dio a conocer a los oferentes prácticamente hasta que se había descartado a uno de ellos, que cotizó Q14.9 millones, pero que supuestamente no cumplía con los requisitos. Es así como se impone de todos modos a un proveedor único en un negocio de Q17.9 millones por 500 mil libretas, cuya adjudicación oficial está pendiente.

Se utiliza el término negocio porque dicha compra ha estado rodeada de polémicas, suspensiones, secretismos, inconformidades, requisitos que parecen tener dedicatoria y que no necesariamente apuntan a brindar una mayor seguridad en el documento de identificación internacional guatemalteco. En este ir y venir de intereses se reducen las existencias de cartillas disponibles y se hace cada vez más próxima una agudización de la crisis crónica que se vive a diario en la emisión de pasaportes, que tiene un único centro de operación, todo un absurdo en tiempos digitales, toda una odisea para quienes deben viajar desde la provincia para pernoctar frente a la sede y todo un insulto para los migrantes que deben esperar por meses para obtener el documento en consulados.

Este es el tercer intento para efectuar esta compra. Se suspendieron el de noviembre del 2020 y el de enero del 2021 debido a serias dudas sobre la transparencia del proceso. Ya entonces se percibía cierta dedicatoria en las bases, sobre todo por la limitación de los plazos exigidos, supuestamente en nombre de la celeridad de la adquisición. Ha transcurrido un semestre y la compra sigue sin concretarse. Queda claro que una licitación abierta, sujeta por calidad, garantías de seguridad y referencias internacionales, con plazos razonables, habría sido lo más eficiente. Sin embargo, privaron extraños requerimientos que terminaron por frenar el concurso y prolongar la espera.

A inicios de este mes se lanza un nuevo concurso, centrado en la figura de proveedor único, debido a que entre las exigencias estaba tener capital estatal, un requisito totalmente innecesario a decir de expertos, pero que de nuevo apuntaba a cerrar el espacio a la competencia. La comisión receptora dictaminó “de manera unánime” que uno de los oferentes no calificaba, y de esta manera se fuerza un contrato de proveedor único, el cual aplica cuando únicamente existe en el mercado un solo proveedor de determinado bien o servicio. Queda claro que para ofertar pasaportes hay muchos oferentes, pero que solo uno goza de secretas avenencias previas. Por otra parte, la forma de calificar las dos ofertas vulnera principios de legalidad, por lo cual la Contraloría General de Cuentas debe intervenir, o quedará a prueba su aquiescencia a tales prácticas.

Hasta el 2012 funcionó con gran eficiencia la emisión de pasaportes que estaba concesionada a una empresa que se hacía cargo de todo, al igual que sucede con las licencias de conducir. El hoy convicto exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla regresó esta función a la burocracia, y desde entonces también volvió la pesadilla recurrente de escasez de cuadernillos, largas filas e incluso trámites ilícitos, tal como se reveló la semana anterior al capturarse a integrantes de una banda que cobraba por emitir documentos apócrifos con cuadernillos auténticos que obviamente salieron de Migración. En dos platos: debe efectuarse un concurso internacional, cuyas fases se divulguen públicamente, a menos que el negocio llegue aún más arriba.