Llamativa resultó la condescendencia de las autoridades de gobierno hacia la visita de alto nivel del secretario de Seguridad Interior de EE. UU., Kevin McAleenan, cuya primera acción en el país fue firmar un acuerdo que permitirá la llegada de agentes federales de diversas agencias para apoyar, prioritariamente, el combate de mafias de narcotráfico y trata de personas. Tal aspecto resalta, sobre todo si se toma en cuenta que hace apenas un año el Ejecutivo utilizaba cualquier oportunidad para calificar oficiosamente de injerencia cualquier tipo de cooperación, asesoría o informe internacional que no fuera afín a sus planes.

Es más, hace apenas 77 días, el 15 de marzo, fueron concentrados en la pista del aeropuerto La Aurora los vehículos artillados J8, donados por EE. UU. a las fuerzas de tarea contra el trasiego de drogas, la vigilancia fronteriza y el combate del contrabando, justo un día después de que el Departamento de Defensa anunciara la suspensión de la asistencia en seguridad al país debido al mal uso de esos mismos vehículos, en referencia al patrullaje efectuado en la capital el 31 de agosto de 2018, el cual incluyó el paso de la caravana artillada frente a la embajada estadounidense, hecho que fue calificado de provocación e intimidación por parte de congresistas de ese país.

El comunicado del retiro de ayuda era breve y lapidario: “El gobierno de Guatemala es un aliado y un socio en los esfuerzos de seguridad de los Estados Unidos en la región, pero el repetido uso incorrecto de los vehículos militares proporcionados por los Estados Unidos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación en seguridad”. A continuación ocurrió el amago de devolución que a la larga no tuvo trascendencia. La explicación del ministro de Gobernación fue que se trató de una supuesta operación de apresto.

Estas situaciones ocurrían justo cuando la salida de migrantes hacia EE. UU. alcanzaba cifras inusitadas. Más de cien mil guatemaltecos, entre ellos menores no acompañados y grupos familiares, fueron detenidos en la frontera de dicho país con México entre octubre de 2018 y abril de 2019, crisis que solo tiene el precedente en el éxodo de 2014, que dio pie al lanzamiento del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), que buscaba implementar acciones a favor del desarrollo económico, a fin de atacar las causas que obligaban a las personas a dejar sus comunidades. La falta de coordinación de los gobiernos y el recorte de fondos dictado por el presidente Donald Trump impidieron el avance del proyecto y agravaron el problema.

El gobierno actual tampoco atajó las causas de la migración y prueba de ello es la tardía y escasa ayuda para los damnificados por la sequía o la ineficacia de los programas destinados a atender la desnutrición crónica. Por otra parte, el Congreso de EE. UU., en su más reciente informe continental, considera al mandatario guatemalteco como un obstáculo para la lucha contra la corrupción, un mal que ha socavado desde hace décadas el desarrollo humano. La visita del secretario McAleenan incluyó proyectos productivos que representan potencial de crecimiento, pero se debe reconocer que se han perdido cuatro años desde el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad. México recién presentó otra iniciativa semejante, y mientras tanto el hambre obliga a más guatemaltecos a buscar en otro lugar el sustento que no encuentran en su suelo: un reto prioritario que desde ya deberían abordar los presidenciables.