Editorial
Debe cortarse asedio de reos contra ciudadanía
La transgresión, la discrecionalidad y porosidad penitenciaria generan ingentes recursos corruptores.
El asedio criminal de reos, supuestamente encerrados, aislados, apartados de la sociedad, contra la ciudadanía es una de las más abyectas fallas de sucesivas administraciones gubernamentales y carteras del Interior. Peor aún, en determinados períodos ha sido evidente la colusión de funcionarios con presidiarios a cambio de pingües ganancias ilícitas como pago a la permisividad, laxos controles en el ingreso de visitas, disfuncionalidad de detectores no invasivos y otras “fallas” que terminan en muerte y luto para muchas familias víctimas de extorsiones, amenazas y represalias.
No suena ni casual ni accidental la fuga de un reo acusado de violaciones agravadas cuando los guardias que lo custodiaban le dieron “permiso” para ir al sanitario. No es el primer caso, pero ojalá sea el último, porque estas mentes criminales solo buscan hacer daño. Por supuesto, existen casos de privados de libertad que pueden buscar redención y reinserción, pero hay que ser claros: son solo una parte de la población carcelaria, aquí y en cualquier parte del mundo. El problema es que la transgresión, la discrecionalidad y porosidad penitenciaria generan ingentes recursos corruptores, así como alto poder de fuego.
Por eso es necesaria e inaplazable la desconexión o bloqueo de señales de celular o terminales de internet localizadas en el perímetro de las prisiones. En tiempos de alta tecnología no solo no es imposible, sino vital, emprender este corte quirúrgico a la actividad delictiva carcelaria. Pero no basta eso, porque también hay órdenes a través de papelitos o mensajeros que llegan de visita, que a veces son los mismos familiares. Para frenar esta situación se necesita establecer cabinas con uso de auriculares, para monitorear el contenido de diálogos. Es eso o permitir el accionar criminal.
Los números son pasmosos e indignantes. En 157 requisas efectuadas en cárceles del país, el Sistema Penitenciario y la PNC han incautado mil cien celulares, 406 chips, 82 transmisores de internet inalámbrico, un kilómetro y medio de cable de fibra óptica, 60 memorias USB, 18 radiotransmisores y tres tabletas electrónicas. Ello, además de electrodomésticos, televisores, videojuegos e incluso muebles que convierten las celdas en pequeñas suites del ocio y la maldad pagadas con recursos públicos.
Cerrar esta malhadada operación no es fácil, pero tampoco imposible. Si el compromiso del actual gobierno es devolver la seguridad democrática a la población, sanear las cárceles es un objetivo prioritario. Por cierto, no quedan fuera de este reclamo ciertos jueces que autorizan sospechosos permisos conminatorios para que un recluso sea llevado a un hospital, en donde intentan fugas o reciben y entregan mensajes de cómplices. El expresidente Alejandro Giammattei supuestamente era un experto penitenciario, pero las acciones en esta materia fueron nulas, solo se alargó el dominio de convictos por encima de las autoridades, ya fuera bajo amenazas o dádivas. Los asesinatos de directores de cárceles evidencian la peligrosidad del problema, pero subrayan la necesidad de resolverlo.
En 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales, se anunció una “reforma” penitenciaria que abarcaría hasta 2024. El primer paso era eliminar el sistema de los mal llamados “voceros” de sectores de cárceles, que terminaban siendo más bien cabecillas. Se les puso el rimbombante nombre de “relatores en derechos humanos”, pero su papel no cambió. Eso sí, han aumentado las exacciones y muertes ordenadas por pandilleros, que también coordinan redes de taxis pirata, lavado de dinero a través de negocios fachada e incluso nexos con personas políticamente expuestas.
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