Resulta curiosa la forma relativista en la cual ciertos funcionarios de gobierno se arrogan con celeridad y a conveniencia atribuciones para intentar justificar negociaciones secretas cuyos detalles se afinan a espaldas de la población, pese a que será la principal impactada por las consecuencias de esos arreglos, tal el caso de los seguramente oficiosos ofrecimientos hechos por el gobierno de Jimmy Morales a Donald Trump, quien gracias a su peculiar carácter volátil ha puesto en evidencia al mandatario guatemalteco, cuyo período legal termina en 173 días, aunque políticamente su languidecimiento arranca a partir del 12 de agosto próximo.

Pero así como existen asuntos que son apresurados imprudentemente a pesar de sus graves efectos, hay otros que podrían ser agilizados públicamente como tareas propias de Estado. No obstante se dejan a merced de la inercia de plazos legales que tienen un altísimo costo de oportunidad, como ocurre con las consultas comunitarias acerca de proyectos de minería y generación eléctrica, las cuales son vistas más como un riesgo que como una oportunidad.

Cada caso tiene sus propias circunstancias y ciertamente hay algunos en los cuales intervienen recursos legales, prejuicios, resistencia inducida por parte de grupos ajenos a las comunidades e incluso intereses de terceros que soliviantan los ánimos para que los actuales concesionarios de proyectos desistan y vendan. Con todo y eso, el Ministerio de Energía y Minas debería tener un papel protagónico en cuanto a agilizar las consultas legalmente factibles y denunciar a nivel nacional e internacional las tácticas dilatorias o litigios maliciosos que a final de cuentas solo perjudican a las comunidades que dicen ayudar.

El proceso de preconsulta y consulta comunitaria no debería ser abordado como una negativa anticipada, sino como una posibilidad para consensuar la viabilidad productiva. Es necesario transparentar el debate y hacerlo público mediante los medios tecnológicos actuales, acerca de la sostenibilidad ambiental y de los potenciales beneficios mutuos para comunitarios e inversores, a fin de generar una confianza colectiva que desactive los focos de enfrentamiento y que pueda ser plasmada en acuerdos de estricto cumplimiento a mediano y largo plazo para todas las partes involucradas.

El Ministerio de Energía y Minas tiene acumulados los procesos de convocatoria a varias consultas en áreas de influencia ordenadas por la Corte de Constitucionalidad de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Algunos proyectos se encuentran suspendidos hasta que no se haga la consulta mientras otros continúan operando. En todo caso la incertidumbre acarrea pérdidas económicas que repercuten, a escala nacional, en el crecimiento económico, y a nivel local, en el desempleo.

Es vital que las cortes de todas las instancias se preocupen por mantener una coherencia legal que garantice la certeza e integridad jurídica. Sus fallos no solo deben ir apegados a Derecho, sino en tal concordancia con soluciones anteriores, en una construcción de jurisprudencia favorable al desarrollo económico y humano. Los emprendimientos energéticos y extractivos no solo representan ingresos para el país en conjunto, sino la oportunidad de generar un crecimiento comercial y productivo en regiones que por mucho tiempo estuvieron privadas de la oportunidad de figurar en un modelo descentralizado de desarrollo.